El operador del movimiento oficialista Colorado Añetete Wilfrido Victoriano Quintana Parodi, de 39 años de edad, quien había sido nombrado director de la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyú por el presidente de la República Mario Abdo Benítez, aunque como cupo del diputado Freddy Tadeo D’Ecclessis Giménez, tiene fijada para hoy a las 09:00 una audiencia indagatoria ante la fiscala Antisecuestro María Irene Álvarez, en Asunción.
La agente del Ministerio Público había imputado ya el año pasado a Quintana por cohecho pasivo agravado (coima), luego de que se descubriera que supuestamente recibía dinero y hasta un reloj de parte del narcotraficante Ángel Tranquilino Giménez para mantener a este en un régimen de casi absoluta libertad en una supuesta granja que funcionaba al lado del penal norteño.
Tranquilino cumplía cómodamente en esa “granja” su sentencia de 21 años impuesta en 2015, aunque tras ser detenido en 2011.
Otro inquilino de la “granja” era el también poderoso traficante internacional de cocaína Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, cuya pena vigente es de 26 años de encierro, tras su captura producida en 2014.
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Tranquilino y Chapaló vivían en dicho lugar con otros dos presos que fungían de secretarios. El rancho no tenía ni valla perimetral. Los narcos contaban con vehículos a su disposición y no necesitaban escapar porque salían cuando quierían.
Supuestamente, a veces incluso iban de pesca o a vacacionar con sus familias, todo ante el conocimiento del director de la cárcel Wilfrido Quintana, a quien le enviaban fotos de sus momentos de ocio.
La “granja” fue pillada cuando ocurrió la masacre del PCC contra el clan Rotela en la misma cárcel, el 16 de junio de 2019, tras lo cual los dos narcos fueron devueltos a la población penal común.
En Ciudad del Este
Posterior a la masacre de los 10 miembros del clan Rotela, Tranquilino volvió a la penitenciaría regional de Ciudad del Este, donde aparentemente también reclamó un lugar cómodo para vivir al entonces director del penal, Alberto Ramón Orella Notario.
Este último fue justamente el que le había conseguido a Tranquilino su traslado a San Pedro de Ycuamandyyú, en marzo de 2019, en una maniobra supuestamente coordinada con su colega Wilfrido Quintana y a la cual aparentemente se plegó el juez Néstor Ramón Arévalo Zorrilla.
El magistrado, por su lado, fue el blanqueo la maniobra al emitir las órdenes para que Tranquilino y Chapaló pasaran a guardar “reclusión” en la “granja”.
Como no le devolvieron sus privilegios en el penal de Ciudad del Este, Tranquilino advirtió que iba a delatar a todos los que sobornaba y que iba a contar cómo hacía llegar dinero del narcotráfico incluso hasta altos funcionarios del Ministerio de Justicia.
Cuando era inminente la revelación de Tranquilino, este apareció muerto en la cárcel de Ciudad del Este, el 27 de agosto de 2019, en un caso que la propia Fiscalía sospecha que fue ordenado por los funcionarios corruptos que se sentían amenazados.
De ser así, se trató de un evidente acto de terrorismo de estado que ahora deberá ser esclarecido.
También imputados
Así como Wilfrido Quintana (hasta ayer preso en la comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray), el exdirector de la cárcel de Ciudad del Este Alberto Orella y el ahora suspendido juez de San Pedro Néstor Arévalo también están imputados por coima en la misma causa, aunque estos últimos gozan de medidas alternativas a la prisión.
Sobre Néstor Arévalo existen sospechas de que usaba parte del dinero de los presos a los que favorecía para mantener al plantel de fútbol del club Deportivo Santaní del que era presidente cuando estaba en la primera división.
Otro alevoso caso
El político de la ANR procesado, Wilfrido Quintana, tampoco fue investigado hasta ahora por haber sacado de la cárcel el 8 de junio del año pasado a uno de los presos que era de su confianza, el marihuanero Hugo Arnaldo Buring, quien lo acompañó a una fiesta de 15 años cuyas fotos incluso fueron publicadas en las redes sociales.