Así lo resolvió la sala civil y comercial de la Corte Suprema de Justicia, cuyo fallo se dio a conocer a días del décimo sexto aniversario del incendio que costó la vida a unas 400 personas, ocurrido el 1 de agosto del 2004.

Los ministros Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón y Carmelo Castiglioni confirman la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, 2ª sala, en el año 2014.

Los camaristas Gerardo Báez Maiola, María Sol Zuccolillo y Raúl Gómez Frutos revocaron la sentencia de primera instancia en la causa “Estado paraguayo c/ Juan Pío Paiva y otros s/ fijación de precio judicial” y ordenó que los G. 8.325.836.568 -que es el monto establecido en concepto de indemnización por la propiedad expropiada- sean depositados en una cuenta judicial a nombre del referido juicio.

La sentencia de primera instancia ordenó que el pago por la expropiación del inmueble, donde estaba asentado el supermercado quedase compensado, ya que el Estado paraguayo pagó a las víctimas del siniestro unos G. 69.617.867.358, a través de la Ley N° 3993/2010.

Sin embargo, los camaristas argumentaron que la “deuda” de Paiva no puede quedar compensada con el Estado, porque el empresario, si se tratase de una deuda solidaria, debió otorgar su consentimiento. Del mismo modo que la deuda de Paiva no puede ser responsabilidad subsidiaria del Estado, porque Paiva no es funcionario estatal.

Pese al fallo favorable a los Paiva, habrá que ver si podrán disponer del dinero, pues hay muchas indemnizaciones pendientes aún.