Luego de que sindicalistas del INTN presentaran esta semana ante la Contraloría la denuncia de una serie de anomalías en la institución en contra de la gestión del ingeniero Raimundo Sánchez, ayer se dispuso el cambio en la dirección. Desde hace semanas, de hecho, se hicieron denuncias ante la prensa sobre estas irregularidades.
A través del Decreto del Poder Ejecutivo N° 3856, con fecha de ayer, fue nombrada la ingeniera Lira Ro-
ssana Giménez Giménez, con cédula de identidad civil número 915.693, como directora general de la referida entidad, en reemplazo de Sánchez. El documento no hace referencia al motivo concreto de la destitución.
No obstante, en la nota de denuncia presentada ante la CGR, se acusa a la administración de Raimundo Sánchez de que en plena pandemia, con la resolución 241/2020, adjudicó por contratación directa (ID 381960) un cuestionado servicio de consultoría para la elaboración de un manual de organización y funciones, por G. 150 millones. El hecho llama la atención porque por una consultoría muy similar que se hizo en 2017 el INTN pagó G. 20 millones.
Otro hecho presuntamente irregular señalado a la CGR para su investigación del que se responsabiliza a Sánchez es que el INTN pagó en 2019 por 425 cubiertas un monto de casi G. 400.000.000, en dos adjudicaciones, con solo seis meses de diferencia (ID 359132 y ID 368990). Según los datos, dicha cantidad de cubiertas no se ajustaría al tamaño de su parque automotor; además, en el año anterior, 2018, existía un sobrante de 180 unidades de cubiertas.
También figura como posible irregularidad el contrato antirreglamentario de personas para trabajar en la institución, mediante un manejo partidario del ente técnico, según la denuncia. La información señala la contratación del INTN por vía de excepción por más tiempo de lo permitido de 24 personas, entre las que se encuentran vecinos de Sánchez, del barrio Santa Ana.
Todas estas denuncias fueron rechazadas en varias ocasiones por Sánchez. Ayer, en conversación con nuestro diario, el funcionario dijo que no hay ningún informe adverso contra su administración, que indique daño patrimonial a la institución durante su gestión, ni tampoco que haya habido dolo en ninguna acción suya.
“El cargo es de confianza de la Presidencia de la República y el Ejecutivo tiene toda la atribución de cambiarlo”, dijo, cuando habló con ABC. Sánchez dio a entender ante nuestra consulta que no se había enterado todavía de su destitución, sino hasta la llamada de este diario, por lo que eso indica que no había recibido aún la comunicación oficial al respecto.