La jueza María Lucía Espínola, del juzgado de garantías, dijo que hasta la fecha son siete expedientes relacionados a personas que fueron sorprendidas violando la cuarentena sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Por de pronto, son un total de 40 infractores quienes recibieron como castigo el pago de multas económicas de diferentes montos, dependiendo de cada caso en particular.
Según la magistrada, el monto total al menos hasta la fecha es de G. 12.700.000 y aún falta el pago de otros infractores, quienes solicitaron una pequeña prórroga a fin de poder juntar el dinero.
Los montos oscilaron entre G. 500.000 y G. 1.000.000, siempre dependiendo de cada caso en particular.
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El pago de las multas es una forma de evitar llegar a la imputación y, por sobre todo, tratar de concientizar a las personas para que respeten las disposiciones sanitarias.
Instituciones públicas como el hospital regional de esta comunidad, el Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Subprefectura Naval, comisarías y dos comunidades indígenas de los Ishir fueron las beneficiadas con las multas pagadas por los infractores, atendiendo a que parte del dinero se direccionó a cada una de estas dependencias y poblaciones.
El mayor número de personas acusadas de violar la cuarentena sanitaria se tuvo durante una manifestación pública realizada en el mes de abril por pobladores de Fuerte Olimpo, quienes exigían a las autoridades mayor control sanitario.