A menos de 40 días de la fecha fijada para el inicio del juicio oral y público por el caso de audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se presentan indefiniciones que pueden truncar dicho proceso judicial.
La abogada Sara Parquet, defensora del exsenador Óscar González Daher, uno de los principales acusados en el caso, presentó una excepción de inconstitucionalidad pidiendo el rechazo de todos los audios filtrados como evidencia.
Parquet considera que dichos audios son ilegales porque fueron obtenidos sin orden judicial y, por lo tanto, son inválidos para ser utilizados como evidencia en el juicio oral y público, según argumentó en su pedido.
Dicha excepción debe ser resuelta por la Sala Constitucional, sin embargo, los tres ministros de la Corte que integran dicha sala: Antonio Fretes, quien funge de presidente de la sala; Gladys Bareiro de Módica y César Diesel Junghanns, se inhibieron para no atender la acción de Parquet.
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Ninguno argumentó de manera concreta el motivo de su inhibición como ocurre en otros casos.
Hasta ahora no se pudo integrar la Sala para analizar la excepción de inconstitucionalidad y se encuentran consultando para designar a nuevos miembros de cámaras de apelación para este caso.
De continuar con esta situación de indefinición de la sala, la excepción, así como otras acciones presentadas por la defensa de González Daher para dejar a un lado los audios filtrados, estas podrían constituirse en un obstáculo para la realización del juicio oral y público marcado para el 10 de setiembre.
Operación cicatriz
A esta situación judicial, se suma la coyuntura política actual con la Operación Cicatriz, que no sería otra cosa más que un pacto de salvataje y de protección entre colorados. El exsenador González Daher muy afín al expresidente Horacio Cartes, resultaría beneficiado con este acuerdo político.
Beneficios
En julio del 2019, Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chaves lograron la prisión domiciliara después de meses de estar presos en la Agrupación Especializada. Posteriormente, obtuvo permiso para salir de su casa para trabajar. El mes pasado, el exlegislador acusado por asociación criminal y tráfico de influencias, obtuvo libertad ambulatoria bajo fianza real de un inmueble valuado en G. 1.500 millones. El permiso fue concedido por el juez Juan Carlos Zárate.
Fiscalía pide rechazo de excepción
Federico Espinoza, fiscal adjunto, encargado de la atención de vistas y traslados a la Fiscalía General del Estado, en su Dictamen N° 963 del 28 de julio de 2020 pasado, solicitó que la Corte declare la inadmisibilidad de la excepción de inconstitucionalidad planteada por la abogada Sara Parquet.
Para ello, requiere al presidente del tribunal de sentencia Juan Carlos Zárate Pastor, que tenga por contestado el traslado de la excepción de inconstitucionalidad que se le corrió y que lo remita a la Sala Constitucional a los efectos de que se declare su inadmisibilidad.
Espinoza argumenta que la petición realizada por la defensa del exsenador cartista no puede obtener respuesta jurisdiccional mediante esta vía de impugnación, ya que la excepción de inconstitucionalidad no reviste la calidad de excepción procesal como medio de subsanación de un proceso, sino es un mecanismo que impide la aplicación de una norma o precepto constitucional.