La Acordada 1.269 del 8 de octubre de 2018, dice que el Consejo de Administración Judicial (CAJ) es la máxima autoridad administrativa, presupuestaria, financiera, contable y patrimonial y depende jerárquicamente del Consejo de Superintendencia de la Corte, según el artículo 3º.
El mismo artículo aclara que están a su vez subordinados al CAJ, la Dirección General de Administración y Finanzas; las direcciones de Planificación y Desarrollo; de Auditoría Interna; de Tecnología de la Información y Comunicaciones; de Gestión Organizacional y la Unidad Operativas de Contrataciones.
De esta manera, el alto tribunal ubica al CAJ (creado por Acordada 865/13) por encima de las dependencias que están establecidas en la ley 1535/99 (Administración Financiera del Estado) y reguladas por ley 8.127/2000.
Pese a esta clara situación ilegal, varios ministros de la máxima instancia judicial están en contra de la supresión del Consejo de Administración Judicial.
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En la plenaria del miércoles pasado, el doctor Luis María Benítez Riera, fue el más férreo defensor del CAJ y planteó una “reestructuración” del mismo. Contó con el respaldo de sus colegas, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y César Diesel.
Por otro lado, tuvieron una posición contundente a favor de la eliminación, los ministros Manuel Ramírez Candia y César Garay. El primero por la duplicación de funciones del CAJ con las otras direcciones y el segundo, por que para él el Consejo es inconstitucional.
Para el doctor Eugenio Jiménez Rolón, también es dudosa la constitucionalidad del cuestionado Consejo.
La doctora Gladys Bareiro no reveló su voto, ni tampoco el ministro Antonio Fretes, quien abogó por seguir discutiendo para llegar a un acuerdo sobre el CAJ.
Sin embargo, según fuentes judiciales, de ninguna manera se puede “reestructurar” o acordar sobre una pendencia absolutamente ilegal e incluso inconstitucional, como lo expresaron algunos ministros durante el debate en el pleno.
Con la subordinación de las direcciones creadas por ley al Consejo de Administración Judicial, los ministros estarían legislando, que es una función que compete al Poder Legislativo.
Las fuentes dijeron que es inadmisible que algunos ministros nuevos apoyen la continuidad de un órgano, que nació en violación de la ley y de la Carta Magna.
Los “nuevos” altos magistrados, según recordaron nuestras fuentes, habían prometido realizar cambios en el Poder Judicial. Entre esos hace rato se viene solicitando la supresión del CAJ y la superintendencia que ejercen los ministros en circunscripciones del país.
Si los ministros insisten en mantener el CAJ, de acuerdo a nuestras fuentes, se estarían exponiendo a una denuncia por presunta usurpación de funciones.
Funcionarios y magistrados judiciales esperan que analicen bien la postura que van a asumir y sobre todo se acuerden de las promesas de cambios en el Poder Judicial que hicieron a la ciudadanía.
El Consejo de Administración Judicial, que tiene 31 funcionarios, anualmente le cuesta al pueblo paraguayo más de G. 2.687 millones.
El salario de los tres consejeros (hay una vacancia) es más de G. 27 millones.
Son casi vitalicios
El artículo 5º de la Acordada 1.269 dice que son funcionarios permanentes del Poder Judicial y solo podrán ser destituidos previo fallo condenatorio recaído en el correspondiente sumario administrativo.
El artículo 19 refiere que los consejeros no ministros terminarán sus funciones por fallecimiento o incapacidad legal sobreviniente, al ser destituido del cargo.
Se critica el casi vitaliciado de los consejeros.