La Contraloría General de la República (CGR) mantiene abierta una auditoría sobre la adjudicación de la construcción de 600 casas en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso. Mientras, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) ya dio inicio a la obra ayer y que está a cargo del Consorcio Itay, integrado por la empresa Civsa (de Isacio Vallejos) y Tecnoedil (encabezada por Rolando Ríos Tómboly). El valor del contrato es de G. 81.238 millones (US$ 12,7 millones al cambio actual), donados por Taiwán.
La única competidora del Consorcio Itay fue la empresa CDD Construcciones, representada por César Delgado, quien denunció que los resultados de la evaluación fueron dudosos. Al respecto, Durand dijo ayer a la prensa que los empresarios “últimamente se tomaron la atribución y el que pierde, se picha y presenta una denuncia” (sic). CDD había denunciado que el consorcio Itay sumó mal su oferta y que por ese motivo debía ser descalificada, pero el comité solo pidió una corrección para adjudicarle el millonario contrato.
“Nosotros hemos presentado todos los papeles, a pesar de tener todos los estudios, además de una auditoría externa del Ing. Amílcar Troche, quien certificó el proceso”, refirió Durand. La licitación no se rigió por la ley N° 2051 de Contrataciones (como casi ninguno de los llamados del MUVH).
Al respecto, en una entrevista anterior Durand había afirmado que los fondos de Taiwán son donaciones que se rigen por sus reglas y que desde el 2013 las obras financiadas con esos recursos están excluidas de la Ley Nº 2051.
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Esta nueva obra se suma a las criticadas construcciones de viviendas sociales adjudicadas bajo la ley N° 3637 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), que son designaciones directas, sin control ciudadano ni competición.
Los representantes de las firmas que prestan el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” que manejan los recursos públicos sin licitación, acompañaron ayer al ministro para brindarle su apoyo, pese a que esos organismos nada tenían que ver con la obra citada. Durand se escudó en ellos evitando responder acerca de las flexibilizaciones de exigencias que benefician a los SAT. El ministro dijo que las críticas a su gestión son una cuestión personal de ABC.
