Este jueves el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunicó que recibió parte del pago de la Aseguradora Patria por las pólizas referentes a la garantía entregada a las firmas Imedic y Erotec de G. 17.000 millones más la garantía por la falta de cumplimiento del contrato por parte de las proveedoras del Estado.
La información fue publicada por la estatal a través de su cuenta de Twitter pero no se especificaron detalles del monto del dinero recibido y en el marco de la Compra Vía Excepción N° 36, la polémica licitación para la compra de insumos médicos y equipos de protección personal chinos para la lucha contra el COVID-19, por un total de G. 85.000 millones.
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La solicitud de ejecución de la póliza fue presentada por la cartera sanitaria el pasado 8 de junio, en la cual la secretaría de Estado solicita la devolución de los G. 17.000 millones entregados a ambas firmas en concepto de anticipo, además de la garantía por el incumplimiento fiel del contrato, que sumarían G. 8.500 millones, por lo que en total requirió a la aseguradora Patria SA G. 25.500 millones.
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La mercadería había llegado al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en abril pasado y fueron rechazadas en gran parte por el Ministerio de Salud porque no cumplían con las especificaciones técnicas correspondientes. Posteriormente, la Contraloría General de la República elevó un informe señalando que la licitación estaba viciada de irregularidades.
Tras este hecho, el Ministerio de Salud decidió suspender el contrato, anunciar el cobro de la póliza y la instrucción de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades dentro de la secretaría de Estado. Asimismo, legisladores presentaron una denuncia ante la Fiscalía sobre la licitación amañada y el Ministerio de Salud en contra de las proveedoras.
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Posteriormente, el Ministerio Público realizó una serie de intervenciones y llegó a abrir procesos en contra de los directivos de Imedic SA, hasta ahora trabado por chicanas. Por otra parte, hasta la fecha no hay ningún funcionario de Salud al que se haya responsabilizado por el proceso irregular de licitación.