El Banco Central del Paraguay (BCP) se niega de forma sistemática a entregar una resolución a través de la cual habría permitido al imputado Ramón González Daher a percibir unos US$ 4 millones en el proceso de quiebra de la extinta Financiera Ára.
Tan reticente es la banca matriz a entregar información pública, que presentó una acción de inconstitucionalidad para no cumplir dos sentencias judiciales que ordenan la publicación de los documentos ya a finales del año pasado.
Fuentes a las que tuvo acceso ABC señalan que la Sala Constitucional estaría a punto de emitir un fallo que permitirá a la banca matriz seguir escondiendo los documentos.
El expediente estuvo parado durante meses, hasta que hace algunas semanas de pronto notificaron sobre la hora del proceso al querellante original y desde entonces, se movió presurosamente.
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La Sala Constitucional está conformada actualmente por Eugenio Jiménez Rolón y por los allegados al cartismo Gladys Bareiro de Módica y César Diesel.
Atendiendo a la relevancia del caso, la causa debería haber sido estudiada por el pleno, lo que hasta ahora no ocurrió.
Beneficiado por cartistas
Ramón González Daher, imputado por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y usura, habría sido beneficiado por una resolución del directorio del Banco Central del Paraguay en el marco del proceso de quiebra de Financiera Ára.
La resolución fue emitida bajo la presidencia de Carlos Fernández Valdovinos y durante el gobierno de Horacio Cartes.
Cartes encabezó el movimiento Honor Colorado del que formaba parte el imputado exsenador Óscar Gónzález Daher, hermano de Ramón. Fernández Valdovinos sigue siendo allegado al expresidente Cartes. Participó incluso en la reunión con el ex jefe de Estado argentino Mauricio Macri.
Durante la administración de Fernández Valdovinos, el condenado Darío Messer, hermano del alma de Cartes, operó tranquilamente en el sistema bancario paraguayo.
González Daher tenía aproximadamente US$ 4 millones en Financiera Ára al momento de su quiebra. De acuerdo a algunas versiones, el directorio del BCP le habría permitido cobrar esa misma suma, muy por encima del límite permitido por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Curiosamente, la postura de no entregar los documentos sigue incluso con la actual administración del BCP, a pesar de que la resolución fue tomada durante el gobierno de Cartes.
El argumento utilizado es que pesa el secreto bancario sobre los documentos, aunque este argumento cae pues el mismo hace referencia al secreto de las actuaciones, no así a las decisiones que pueda tomar la banca matriz.
El caso podría sentar un nefasto precedente si la Corte decide que pese el secretismo, pues se estaría instaurando una figura que no existe: las actas secretas.
Piden que el caso sea estudiado por el pleno
María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, presentó un escrito ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, en el que planteó que el estudio de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP) se haga a través del pleno de la máxima instancia judicial. Es decir, por los nueve ministros.
Roa solicitó además a Martínez Simón que la sesión en la que se trate el caso sea televisada a fin de que la ciudadanía pueda seguir en directo los argumentos de cada miembro de la Corte Suprema.
Señaló como argumento de su solicitud la relevancia del caso para el derecho de acceso a la información pública.
