Sociedad Interamericana de Prensa “alerta” por juicio a directora y periodista de ABC

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En un comunicado, la SIP “lamentó que en Paraguay todavía se violen principios internacionales de libertad de prensa al perseguir a los periodistas con penas de cárcel por informar e investigar sobre irregularidades cometidas por funcionarios públicos”.

Este miércoles, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre el juicio en contra de la directora de este diario, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, demandados por la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Marta González Ayala, por publicaciones sobre irregularidades en su gestión.

La SIP “lamentó que en Paraguay todavía se violen principios internacionales de libertad de prensa al perseguir a los periodistas con penas de cárcel por informar e investigar sobre irregularidades cometidas por funcionario públicos”, indicó la entidad en su comunicado, que señala además que Paraguay es uno de los pocos países en los que los delitos de difamación no se han descriminalizado, “lo que repercute negativamente sobre la debida transparencia de la gestión pública y en el trabajo de los medios de comunicación y periodistas”.

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“Nos preocupa el daño que se causa al trabajo periodístico y a la libertad de prensa con este tipo de estrategia de intimidación”, dijeron Christopher Barnes, presidente de la SIP; y Roberto Bock, titular de la Comisión de Libertad de Prensa, citados en el comunicado de la SIP.

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“Este tipo de coerción se observa en países donde todavía no se han descriminalizado los delitos por difamación, un arma utilizada mayoritariamente por funcionarios públicos para mantener sin transparencia sus gestiones públicas”, agregan.

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La exviceministra querelló a Zuccolillo y Lezcano solicitando penas de cárcel para ambos y una indemnización de US$ 1.400.000, por una serie de publicaciones de ABC Color sobre el proceso de licitación para la implementación del sistema de tributación Marangatu, realizado entre marzo y abril de 2019.

En esas publicaciones se revelaba que González, entonces viceministra de Tributación, firmó sin competencia un contrato por más de US$ 3 millones para el desarrollo y la implementación del sistema tributario, con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, de cuya comisión directiva formaba parte al momento de la firma del documento.