Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció ayer que la máxima instancia judicial decidirá en el pleno sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por el BCP para esconder un acta e incumplir la ley de acceso a la información pública.
La determinación de Martínez Simón se dio en respuesta a una nota presentada por María Esther Roa, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, quien había planteado que el caso sea estudiado por los nueve ministros de la Corte, atendiendo a su relevancia institucional.
Llamativa celeridad
Hasta antes de este anuncio, la Sala Constitucional de la Corte había tratado con llamativa celeridad el expediente después de tenerlo parado durante casi un año.
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De acuerdo a fuentes a las que tuvo acceso ABC, ya solo faltaba el voto del ministro César Diesel para que la sentencia esté terminada.
Martínez Simón, por su parte, afirmó ayer que en la causa todavía no se encontraba en autos para sentencia.
“Todavía no vi los expedientes porque no estaba en el Palacio, pero es lo que me informó el secretario de la Sala Constitucional”, afirmó Martínez Simón.
Agregó que su intención de solicitar la ampliación de la Sala Constitucional ya estaba firme desde hacía semanas y la ratificó ayer en una reunión del titular de la Corte con gremios de abogados que fue televisada.
Pretenden crear actas secretas
El Banco Central del Paraguay (BCP) se niega de forma sistemática a entregar una resolución a través de la cual habría permitido al imputado Ramón González Daher a percibir unos US$ 4 millones en el proceso de quiebra de la extinta Financiera Ára.
Tan reticente es la banca matriz a entregar información pública, que presentó una acción de inconstitucionalidad para no cumplir dos sentencias judiciales que ordenan la publicación de los documentos ya a finales del año pasado.
Curiosamente, la postura de no entregar los documentos sigue incluso con la actual administración del BCP, a pesar de que la resolución fue tomada durante el gobierno de Cartes.
El argumento utilizado es que pesa el secreto bancario sobre los documentos, aunque este argumento cae pues el mismo hace referencia al secreto de las actuaciones, no así a las decisiones que pueda tomar la banca matriz.
El caso podría sentar un nefasto precedente si la Corte decide que pese el secretismo, pues se estaría instaurando una figura que no existe: las actas secretas.