“Ninguno de lo consejos municipales de niñez está en funcionamiento. Estos no se han reunido en estos tiempos de pandemia, cuando que deberían estar declarados en sesión permanente. El intendente convoca al consejo municipal y no han hacen nada; deberían estar declarados en emergencia, tomar decisiones y orientar.
“De las más de 200 municipalidades que hay en el país, ninguna se declaró en sesión permanente, ellos son quienes definen las políticas, los programas, los proyectos, las acciones que se hacen a nivel local para la prevención y para la protección de los niños, niñas y adolescentes de ese territorio de ese distrito”, critica Norma Duarte, exdirectora de Protección Integral y Promoción de Derechos de la Secretaria de la Niñez. Actualmente forma parte de la comisión directiva de la organización Callescuela.
Duarte afirma que hay que mirar la responsabilidad política de los gobiernos locales, departamentales y nacionales porque no está funcionando el sistema nacional de protección.
Hace 19 años que las Codenis no cumplen con su función
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“No se tiene presencia de las Codenis en los territorios haciendo campañas, implementando estrategias para ver cómo llegar a los territorios más sensibles, más vulnerables y levantar los casos de violencia, abusos para ver cuál es la situación en que están viviendo los niños, niñas y adolescentes, nada de eso tenemos”, refiere Duarte.
A esto agrega que “la Ley 1689 del Código de la Niñez crea el sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos, y las Codenis son las instancias operativas que buscan llevar a la práctica la descentralización de la atención y las desjudicialización de los problemas sociales. Por eso es tan importante darles los recursos y la calidad técnica que tienen que tener, y por eso digo que no se tiene la voluntad política”.
“Todas estas muertes, las violaciones sexuales, los embarazos en niñas, la violencia extrema en la que muchos viven, todo ocurre en el más absoluto silencio, en la oscuridad, en el anonimato, lo que sabemos es lo que se hace público. Creo que hay una responsabilidad política demasiado importante del sistema”, puntualiza Norma Duarte.
Debilidad institucional y precariedad
Por su parte, Myrian González, directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), afirma que sin duda en pandemia todo se ha exacerbado, pero “la situación que nosotros tenemos en el Paraguay con respecto a la protección contra la violencia, a pesar de un importante marco normativo, es muy baja. Los servicios de atención que ofrece el Estado están concentrados en Asunción, el departamento Central y en algunas que otras ciudades importantes del país; fuera de eso, no hay ningún otro lugar donde la gente pueda acceder”.
“Lo único que se tiene en todo el Paraguay son los Juzgados y las comisarías y los hospitales, y qué es lo que pasa en los hospitales. Según nuestra experiencia, en los hospitales, cuando se va una persona a ser tratada por algún daño físico como consecuencia de la violencia, de género, en la familia, no hay tampoco protocolos que puedan registrar que es un caso de violencia de género. Esto sucede porque las mujeres dicen ‘me caí, me rompí’; ella tuvo la culpa, y esa es una cuestión cultural. Los hospitales deberían tener un protocolo de atención para indagar las causas reales de esos golpes; cuando ya es demasiado obvio, saben que es un caso de violencia”, remarca.
Respecto a lo que sucede en los juzgados, González dice que cuando se van las mujeres a denunciar, a veces son atendidas y otras veces “son condenadas a buscar la solución en sus casas, porque hay todavía fuertemente una cultura supermachista, superpatriarcal, que cree que la violencia es todavía una cuestión privada, a pesar de las normas, a pesar de las leyes, y esto mismo pasa en las comisarías.
“Sin duda tenemos una debilidad en las políticas del Estado, en la aplicación correcta de las leyes, tenemos una gran debilidad institucional en la prevención, y todo esto se exacerba en pandemia”, señala.
Myrian González dice además que hay que unir otros elementos: “imagínate lo que debe ser para una mujer violentada que en estos tiempos de pandemia el marido no se vaya a trabajar, es sin duda una situación peor”.
En síntesis, señala que, efectivamente, lo que ofrece el Estado en términos de servicios, de prevención y atención en pandemia se ve la mayor precariedad, o sea la precariedad en la que se vive es aún mayor en pandemia, hay solamente 4 o 6 centros de referencia del Ministerio de la Mujer en todo el país para casos de denuncia de violencia. “El Ministerio de la Mujer no hace atención, solo hace asesoramiento”, critica Myrian González. Además, afirma que la violencia está igual, e incluso peor, en pandemia.
Municipalidad de Villa Elisa
Cuenta Norma Duarte que la Municipalidad de Villa Elisa fue la que tuvo un plan de emergencia que asistió con kits de alimentos a las familias con niños en los asentamientos. “Lo hizo mientras salían los otros programas de emergencia. Fue una acción de emergencia, por ejemplo. Yo sigo apostando a que las Codenis son la institucionalidad que se necesita”.