Con sospechosa celeridad que no se da en tribunales, especialmente en los juicios de acción privada, el magistrado señaló nuevamente fecha de juicio a los querellados para la próxima semana. Esto, pese a existir diligencias pendientes de realización, propuestas por la defensa, como pruebas que tienen que provenir del extranjero, concretamente de Panamá.
Específicamente, las pruebas guardan relación con una empresa privada denominada IDEATI SA, que debe remitir documentos contractuales que detallen y justifiquen cuál ha sido el marco jurídico de relacionamiento entre el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, y la empresa privada panameña, dentro de la ejecución del contrato MH-SET Nº 19/2016 relacionado al “Servicio de Actualización Tecnológica del Sistema de Gestión Tributaria de Hacienda”.
Las pruebas fueron requeridas vía exhorto judicial meses atrás, pero el problema generado por la pandemia obstaculizó la obtención de los datos. La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en marzo pasado, suspendió los términos judiciales. Si bien esto no implicó el cierre de los despachos judiciales, es claro que la circunstancia afectó la regularidad del sistema de administración de justicia y capacidad de respuesta a oficios provenientes de los exhortos internacionales.
Llama la atención la premura del juez Ovelar de sustancia el juicio contra la directora de ABC y el periodista del mismo medio.
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Además, negó la posibilidad de sustanciar el juicio a través de medios telemáticos, con lo cual obliga a que sea de manera presencial.
El magistrado incumplió igualmente plazos mínimos que debían ser respetados desde que asumió nuevamente su competencia.
Lo más grave es que a sabiendas de que faltan diligenciar pruebas, que deben ser incorporadas al caso, insiste en llevar adelante el juicio. La falta de remisión de los documentos desde Panamá de ninguna manera es imputable a la defensa.
Ovelar es padre Marcelo Ovelar González, imputado por el Ministerio Público como parte del esquema para lesionar el patrimonio de Dinac, mediante la compra sobrefacturada de tapabocas, junto al extitular del ente, Édgar Melgarejo y otros. El hecho fue duramente criticado por nuestro diario en reiteradas ocasiones por la gravedad del mismo en plena época de pandemia.
Ovelar González, exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de Dinac, el 2 de setiembre pasado consiguió la libertad ambulatoria después de meses de arresto domiciliario. Para obtener dicho beneficio se habría manipulado a la administración de justicia. El Ministerio Público primeramente se opuso a la pretensión de la defensa y alegó que no surgieron hechos nuevos, para que varíe la resolución por la cual se ordenó el arresto domiciliario.
Sin embargo, posteriormente, la fiscala Susy Riquelme dijo que después de escuchar al imputado de que quiere salir para trabajar dejó la decisión a criterio del juez Miguel Palacios, quien ordenó la libertad ambulatoria del hijo del juez Ovelar y la fiscala Marlene González.
Además, una de las defensoras de Marcelo Ovelar es la abogada Sara Parquet de Ríos, quien es la principal representante de Óscar González Daher, defenestrado senador de la nación y uno de los principales protagonistas del caso de los audios filtrados que fueron amplamente difundidos a través de este medio.
Políticos estarían detrás
En el proceso de acción privada contra la directora de ABC, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano habría una fuerte injerencia política. El objetivo sería fallar en contra de los querellados, como manera de amedrantar al medio de prensa, que diariamente denuncia hechos de corrupción pública, en los que generalmente están envueltos políticos, muchos de los cuales son miembros del Congreso.
La celeridad con que el juez Elio Ovelar quiere llevar adelante el juicio no tiene otra explicación, atendiendo que el mismo magistrado tiene otras causas que son de interés de la ciudadanía y que están pendientes de realización.