En su última sesión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema emitió un total de 24 medidas de suspensión en el marco de acciones de inconstitucionalidad planteadas por empresas proveedoras del Estado contra la ley 6355, que modifica la ley 5033 de las declaraciones juradas.
La señalada ley que inicialmente debía hacer públicos estos documentos, no solo puso más trabas para el acceso ciudadano a ellos sino que también incluyó a los proveedores del Estado entre los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas de Bienes y Renta a la Contraloría General.
Ahora accionistas y directivos de las firmas que contratan con las instituciones públicas también deben presentar estos documentos. Sin embargo, las acciones de inconstitucionalidad se han sucedido desde la entrada en vigencia de la señalada ley en febrero pasado.
Millones del Estado
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Entre los 24 proveedores del Estado que consiguieron las medidas de suspensión la semana pasada resalta, por ejemplo, la Fundación Moisés Bertoni.
Esta ONG ambientalista recibe numerosos fondos de diversas instituciones públicas.
Por ejemplo, gracias a la ley 112, la Fundación Moisés Bertoni, a través de la Fundación Mbaracajú, administra un fideicomiso de unos US$ 8 millones para la preservación de la Ecoreserva Mbaracajú.
A ello hay que sumarle los casi G. 4.000 millones adjudicados a la ONG por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación para la compra de certificados de servicios ambientales en el marco de las obras de pavimentado de una ruta entre Pilar y Alberdi.
Este punto no deja de ser llamativo, puesto que los certificados de servicio ambiental son otorgados a quienes poseen bosques que superan el 25% de sus tierras productivas. En el caso de la ONG, no maneja tierras productivas sino que se hace cargo de una ecoreserva donde se busca preservar la superficie boscosa intacta.
Además, la fundación recibe fondos de la Comisión Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt) para la realización de numerosos trabajos de investigación.
Aún así, es una de las que presentó una inconstitucionalidad para no presentar declaraciones juradas. Varios de sus directivos también figuran en otras ONG que reciben fondos públicos.
El de la Fundación Moisés Bertoni es apenas uno de los numerosos casos de proveedoras del Estado o entidades que reciben fondos públicos que intentan frenar la ley 6355.
A pesar del caos jurídico, en el Legislativo se niegan a abrogar la ley.
“No lucramos con el Estado”
Raúl Gauto, presidente de la Fundación Moisés Bertoni, señaló que plantearon la acción de inconstitucionalidad por ser una institución sin fines de lucro. “No hay ningún beneficio”. Sin embargo, sostuvo que las firmas que sí reciben beneficio económico sí deberían presentar estos documentos. “Si yo fuera una empresa que contrato con el Estado creo que se aplica porque gano con el Estado, al ser sin fin de lucro, el único fin es social”.