La solicitud se remitió hace unos días, luego de que haya sido aprobada en la plenaria, según informó el diputado Sebastían García (PPQ). Asimismo, resaltó que, actualmente, se tienen varios cuestionamientos respecto a la forma en la que se está llevando adelante el proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
En cuanto a la nota que se remitió al MOPC, se consultó si se considera o no cobrar peaje a los automovilistas que utilizarán el puente mencionado y si se prevé compensar, en su caso, la disminución en la recaudación por la institución para cada vehículo que deje de pasar por el Puente Remanso.
Asimismo, se solicitó aclaraciones respecto a las propuestas que se tienen para el transporte público de las localidades de Nanawa, José Falcón, Remansito, Villa Hayes y Benjamín Aceval, para el presente y para el futuro, cuando aumenten las poblaciones de estos lugares, de modo a reducir el número de vehículos que ingresan a Asunción y utilicen el puente. También se remitió consultas a las Municipalidades de las ciudades mencionadas para que informen sobre los planes de urbanización que prevén.
Además, se pidió datos a Obras Públicas sobre las alternativas o incentivos que ofrecerán a la Asociación de Lancheros Unidos de Chaco’i (que transportan a alrededor de 500 personas diariamente) y que, a causa del nuevo puente, perderán un gran flujo de pasajeros una vez que se culmine la obra. También se preguntó si se previó estrategias para mantener la provisión de estos servicios de transporte realizados por personas en la zona, formalizarlos y que siga siendo una alternativa adicional de movilidad y de turismo.
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En otra parte de la nota, se insiste sobre las propuestas de mejoramiento vial para los tramos Nanawa-Chaco’i y Remansito-Chaco’i, así como el puente que cruza el Río Negro, que actualmente están en un muy mal estado y si al construir el puente mencionado, se contempla o no el equipamiento de infraestructura y servicios públicos a Chaco’i. En este caso se cuestionó qué entidades se harán cargo de estas inversiones, los orígenes de los recursos que se prevé financiar esta infraestructura y eventuales servicios adicionales requeridos.
Captación de plusvalías
Mientras tanto, al Ministerio de Hacienda solicitaron datos que tengan que ver sobre las capturas de plusvalías por parte del Estado para financiar el puente y cubrir el costo de la deuda adquirida para la construcción del mismo o financiar la infraestructura de los servicios básicos requeridos. Además se pidió los mecanismos utilizados por el Servicio Nacional de Catastro para calcular las plusvalías en mejoras realizadas en núcleos urbanos durante los últimos cinco años.
Al mismo tiempo, se requirió la gestión de plusvalías por obras públicas realizadas en todo el país los últimos años y un resumen de las reuniones mantenidas con órganos del Estado para analizar los aspectos vinculados al cálculo y cobro de las plusvalías en la zona del puente mencionado.
¿Se tienen planes de vivienda?
Al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) se consultó respecto a los instrumentos que se implementará para asegurar la planificación del territorio afectado por parte de los municipios correspondientes previos a la construcción del puente. También si se prevé la implementación de un plan en desarrollo urbano y territorial para todas estas áreas y en su caso, la fecha eventual de la culminación del plan y con qué recursos se está financiando.
También se solicitó información sobre las gestiones realizadas para coordinar el proyecto con el MOPC, la Gobernación de Villa Hayes y las Municipalidades afectadas y un resumen de las reuniones mantenidas con otros órganos del Estado para analizar los aspectos vinculados al cálculo y cobro de las plusvalías en la zona del puente mencionado.
Urbanización en zonas inundables
Por último, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se requirió la posición de la institución respecto a las urbanizaciones en zonas inundables que se estarían formando una vez que culmine el puente mencionado. Asimismo, considerando que el proyecto tiene solo la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el tipo de proyecto y la región rural y semirural que serán conectadas por el puente, informar si realizaron o se estima oportuno realizar “Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE)”. Asimismo, se pidió un resumen de las reuniones mantenidas con órganos del Estado para analizar los aspectos vinculados al cálculo y cobro de las plusvalías en la zona del puente mencionado.
Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Consorcio Unión, integrado por las empresas CDD Construcciones SA y la Constructora Heisecke SA (César Delgado y José Luis Heisecke), ya percibió G. 74.357 millones (US$ 10,7 millones) para construir el puente Asunción-Chaco’i, que se traduce en un 10% del monto total de su contrato, que es por G. 789.417 millones.
Pese a estos pagos, a la contratista del MOPC todavía no le aprobaron el diseño final de la obra, que se encuentra en etapa de “elaboración” en Brasil, según informó la firma. En su momento se cuestionó esta millonaria apuesta, ya que el MOPC cambió el trazado del puente y esto benefició al empresario Conrado Hoeckle, exasesor y amigo del presidente Mario Abdo Benítez, según se criticó. El MOPC puso toda su estructura para conseguir en tiempo récord un préstamo del BID para ejecutar esta obra.