La comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados recomienda por mayoría al pleno ratificarse en su versión inicial sobre el proyecto de ley que busca racionalizar los recursos del Estado. Los diputados abdistas y cartistas acompañan la ratificación.
Mientras, una minoría de diputados del PLRA, del PPQ, PEN, Hagamos y del sector Independiente acompañan la versión de la Cámara de Senadores, cuyo texto fue ratificado.
La Cámara Baja solo precisa de 41 votos para que su versión quede firme y pueda ser sancionada y remitida al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.
Eliminan y modifican
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La Cámara de Diputados eliminó dos artículos del proyecto original presentado por el senador Sergio Godoy (ANR, cartista) y otros opositores. Eliminan los artículos en los que se prohíbe el pago o gratificación por multa en concepto del trabajo, el límite de dos viajes al exterior.
Entre tanto modifican que se podrá poner un tope salarial de G. 37 millones a los funcionarios públicos, no se incluyen los pagos extras. Se excluyen de la ley a los empleados de Itaipú y Yacyretá, bajo el argumento de que no pueden ser incorporados porque existen tratados internacionales de por medio.
Tampoco se incluyen a los funcionarios de la Cancillería con el argumento del alto costo de vida que llevan en las misiones que realizan en el exterior.
En cuanto al seguro médico privado, la prohibición no solo alcanzará a la máxima autoridad, sino al cuerpo colegiado. Asimismo, sobre el gasto en combustible se deja para aquellos desplazamientos que sean en función del cargo.
Sobre el uso de los teléfonos corporativos, se mantiene la prohibición de compra del servicio, pero se exceptúa al personal que cumpla tareas externas.
Con el proyecto de ley se elimina la compra de bocaditos y arreglos florales. Sin embargo, la norma mantiene los recursos y se exceptúa para capacitaciones, fiestas patrias, toma de mandos y agasajos a extranjeros. Si bien se limita la publicidad, se agregan excepciones para los casos de: edictos, llamados, licitaciones, concursos de ofertas, campañas de sensibilización y concienciación vinculados a Salud Pública, educación y procesos electorales, promoción de productos del Estado y obras públicas.