TEMBIAPORÂ (Por Víctor Daniel Barrera Burgos, de nuestra redacción regional). Los labriegos aseguran que no permitirán un nuevo desalojo y que se resistirán a un eventual intervención policial en la zona.
En la ocupación de tierras existen dos grupos de autodenominados “sin tierras”, un de ellos reúne a miembros de la Federación Nacional Campesina, y el otro concentra a pequeñas organizaciones independientes que ingresaron también a los lotes privados.
Estas organizaciones de campesinos se unieron ante el anuncio de los dueños de las tierras en disputa, quienes en su mayoría son descendientes de brasileños, pero son paraguayos, igual que los campesinos. Se plantea una posible reactivación de la denuncia fiscal de invasión y la gestión de otro gran desalojo en el lugar. Los ocupantes de tierras anunciaron una posible resistencia ante una eventual intervención policial.
Uno de los representantes de los supuestos “sintierras”, Marcelino Garcete, reconoció que existen dos grupos diferentes, pero que a la hora “de existir problemas” siempre están todos unidos. Dijo que este problema se viene arrastrando hace años y el Gobierno poco o nada hizo para solucionar el conflicto. Indicó que los dueños de tierras presentaron ofertas de compras a las autoridades en su momento, pero ante la falta de respuesta, se está organizando un nuevo desalojo.
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Sobre el punto, el presidente del Indert, Abog. Mario Vega, aseguró que las gestiones tuvieron que parar en vistas a que aparecieron 10 títulos de propiedades antiguos que estarían superpuestos sobre las tierras en disputa. Indicó que actualmente se está evaluando si estos documentos afectan las tierras en disputa y una vez que se tengan los resultados, se estaría evaluando la factibilidad de compra de los predios. Señaló que el Indert nunca compró tierras por valores de US$ 7.000 por hectárea y que también se estudiará si las tierras realmente tienen ese precio. Por último, añadió que en 20 días ya se tendría un panorama claro sobre el conflicto de Guahory.
Tras dos grandes desalojos registrados en los años 2016 y 2017, y fuertes tensiones que se arrastraron hasta finales del año pasado en las tierras en disputa de la colonia Guahory, tanto dueños de tierras como labriegos ocupantes de los predios habían llegado a un acuerdo con el objetivo de buscar terminar con el inconveniente.
Los dueños de tierras habían presentado una carta de oferta para la venta de unas 220 hectáreas de predio a un costo de US$ 7.000 por hectárea que, según los terratenientes, representaría el 50% del precio real, sin embargo, las tratativas terminaron en promesas que nunca fueron cumplidas por parte del ente estatal.