El proyecto de ley “que establece medidas de protección y penaliza la utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados para la comisión de los hechos punibles” plantea penas privativas de libertad de entre 6 y 10 años.
La iniciativa legislativa también obliga al Estado a estar presente en la zona. Está en estudio en la mesa interinstitucional integrada por varios entes públicos y organizaciones de la sociedad civil.
Muerte de niñas
La normativa surge luego del enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el 2 de setiembre, que tuvo como resultado la muerte de dos niñas de 11 años.
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A este hecho se suma la declaración de Alejandro Mendoza, padre de Adelio, quien reveló que su hijo le confesó que había dos niños nativos de entre 13 y 14 años que participaron en el secuestro de su hijo y del exvicepresidente Óscar Denis (PLRA).
El borrador de la norma plantea que la persona que reclute a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, o los obligue a participar de forma directa o indirecta en las hostilidades o en acciones armadas, militares, paramilitares o grupos armados ilegales, será castigado con una pena privativa de 6 a 10 años.
Mientras que, para los niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a comunidades indígenas, debe respetarse la autonomía y diversidad cultural reconocida por la Constitución. Asimismo, el que induzca, facilite, utilice, constriña o instrumentalice a niños, niñas o adolescentes menores de 18 años a cometer hechos punibles o promueva dicha utilización, costreñimiento, inducción, o participación de cualquier modo será castigado con una pena privativa de libertad de 10 a 20 años.
El consentimiento dado por el menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal, la cual aumentará de una tercera parte de la mitad si se trata de menores de 14 años de edad.
También la pena será aumentada en caso de una tercera pena a la mitad en los mismos eventos de acuerdo a la gradación del vínculo. El proyecto se trabaja con representantes de instituciones y organizaciones no gubernamentales.
El Frente por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia está integrado por los diputados liberales Edgar Acosta, Hugo Capurro, Enrique Mineur, Fernando Oreggioni, Edgar Ortiz, Esmérita Sáchez, Carlos Silva y Pastor Vera.
El único integrante de la ANR es Ángel Paniagua. Por el PEN están Kattya y Norma Camacho, por Patria Querida están Sebastián García, Rocío Vallejo y Sebastián Villarejo, también Carlos Rejala de Hagamos y el diputado Jorge Brítez.
Jueves oirán a la sociedad civil
El jueves, el Frente se reunirá con los representantes de las instituciones civiles y estatales que lo conforman. Ellas son Global Infancia, Aldea SOS, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Defensa Pública, Fiscalía, Poder Judicial y Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. La diputada Kattya González (PQ) expresó que en dicha reunión se recibirán las opiniones y análisis de cada institución ya que no solo se trata de castigar, sino de evitar la situación. Expresó que esperan abordar también la utilización de menores para cometer ilícitos comunes como aquellos que trabajan en cultivos de marihuana o son usados para robar.