La consultora Noesis, que presta el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” al MUVH y al mismo tiempo está registrada como “constructora”, se ubica como la que más viviendas sociales tiene a su cargo con el Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonavis), regulado por la Ley N° 3.637, según se desprende del análisis de documentos oficiales al que accedió nuestro diario.
A través del citado programa del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuyo titular es Dany Durand, se realizan transferencias directas vía rubro 800 sin concurso ni control ciudadano, y en el caso de Noesis, se tienen registradas por G. 89.000 millones para levantar 1.092 casas.
Tres empresas, una misma dirección
Noesis ha contratado únicamente a las constructoras Ad Paraguay SA, de Dina Agüero (una joven arquitecta de 28 años) y a la firma del Ing. Jorge Melgarejo, en los últimos dos años. Llamativamente, las tres empresas llegaron a declarar la misma dirección de oficina, Japón N° 2.366 casi Gaspar Centurión, barrio Republicano de Asunción, pese a que en teoría son organizaciones independientes.
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Según datos del portal de Contrataciones Públicas, Díaz y Melgarejo conformaron en su momento el “Consorcio JMJD” y registraron su oficina en la citada dirección. También Agüero llegó a declarar esa dirección, conforme se constató en otros registros oficiales.
Esto revela que el esquema que defiende apasionadamente el ministro Durand está diseñado para que el dinero público sea repartido de forma discrecional a los mismos grupos. Se puede colegir que urge una actualización de la Ley N° 3.637 del Fonavis para que haya libre competencia de oferentes y control ciudadano.
ABC se comunicó con el representante de Noesis, Fernando Díaz, quien alegó que la gran cantidad de proyectos a su cargo se debe a que la gente supuestamente lo elige. “El favoritismo viene de los grupos organizados, porque tenemos una política de exigir a las constructoras que vayan mejorando su calidad”. Agregó que también tiene la política de “cero costos” para el beneficiario. “Hacemos un esfuerzo con la constructora y exoneramos el pago del 5% del aporte que por ley están obligados; en contrapartida los beneficiarios realizan trabajo comunitario”, expresó.
El Fonavis es cuestionado debido a que permite adjudicaciones directas. La cartera encarga los proyectos a los organismos del SAT y éstos eligen la constructora, pero por lo general, siempre trabajan con las mismas empresas.
A gremios de la construcción les preocupa que se trata del sistema que el Gobierno aplicará para la construcción de viviendas como parte de la reactivación económica, por US$ 47 millones, si el Congreso aprueba más endeudamiento.
Sin reporte del incendio
A tres semanas del voraz incendio que convirtió en cenizas el archivo del programa más importante del MUVH, no existe reporte oficial acerca de la posible causa del siniestro. Se trata del tercer incidente similar en la dependencia en cuestión de meses, según indicaron bomberos.
A través de la Dirección de la Comunicación de la estatal se consultó acerca del reporte de la investigación, y no hubo retorno.
Consultado al respecto, el Cap. Rubén Valdez, vocero de los bomberos y quien acompaña la investigación del posible origen, indicó que en la instalación del aire acondicionado se detectó daño importante pero que no es determinante como causa del siniestro. Comentó que tuvo acceso a las cámaras del frente de la oficina y no notó movimiento irregular pero no a cámaras del circuito cerrado que apunten las áreas laterales.
Ad Paraguay SA habla de “error”
La representante de la Ad Paraguay SA, Dina Estela Agüero González, envió un descargo a ABC sobre la publicación en la que mencionamos que en el MUVH, su número de teléfono de contacto es el de otra empresa del mismo nombre. “Queremos creer que fue un error de algún funcionario por ser una empresa homónima y no pensar que es premeditado y mal intencionado (...) y que esto es un ataque a la actual administración pasando información errónea a la prensa”, dijo. ABC había accedido a ese número proporcionado en el expediente N° 32.734, a través del portal de Acceso a la Información Pública. Agüero recalcó que la dirección y su contacto actualizado figuran en los contratos firmados con la estatal, documentos que no son de libre acceso ciudadano.