Uno de los imputados es Julio César Sosa, quien está acusado de supuestos delitos contra el medioambiente, por desmonte, realización de postes y la existencia de quema de escolleras en la propiedad que ocupa en la zona de Centinela y Paragro 22 del distrito de Puerto Casado.
El otro caso investigado se localiza en una propiedad ubicada en Puerto La Esperanza (ex Puerto Sastre), del distrito de Carmelo Peralta, donde luego del allanamiento realizado se pudo comprobar una gran cantidad de quema de escolleras, o sea, restos de vegetación, por lo que fue imputado su propietario Erwin Suderman Zacharías.
El tercer imputado por la fiscalía es Kornelius Kroker, acusado de realizar quema intencional de unas 300 hectáreas de campo, en la propiedad denominada Korochire, que ocasionalmente se encuentra alquilando para la cría de animales vacunos. El lugar se ubica en el distrito de Puerto Casado.
Según el representante del Ministerio Público, ninguna de estas personas pudo presentar documentos respaldatorios que les autorice realizar los desmontes o quemas.
Los infractores en caso de ser hallados culpables se exponen a penas privativas de libertad de entre tres y ocho años y multa de 500 a 2.000 jornales mínimos.
El fiscal Arriola es el único agente del Ministerio Público destinado para los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, las mayores extensiones de nuestro país, por lo que en reiteradas ocasiones se vuelve muy difícil llegar a todos los lugares donde se denuncian los incendios provocados, que causan serios daños al medioambiente, atendiendo la falta de lluvias y las altas temperaturas.