Cano conversó este miércoles para explicar en detalle en qué consiste la imputación contra los políticos dentro del caso entre la empresa Empo, que administra el vertedero Cateura, y la Municipalidad de Asunción.
Para la Fiscalía, la empresa Empo tenía una deuda con la Secretaría de Estado de Tributación (SET) por no pagar impuestos (no señalan de cuánto es esta deuda), por lo que hicieron un esquema en donde la firma que administra Cateura pudo cobrar el dinero por la concesión con un certificado de cumplimiento tributario falso, documento sin el cual no pueden percibir el dinero.
Así, en 2018, la empresa Empo Limitada (que era la que tenía la deuda con la SET) pide un cambio de denominación a Empo SA (con los mismos administradores) para “cerrar” su deuda con el Fisco y así poder cobrar.
Este cambio de denominación fue aprobado por la Junta Municipal tras un proceso en que también estuvo implicado Mario Ferreiro, según la agente.
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Una vez que se cambió la denominación de “Limitada” a “SA”, Empo pudo cobrar el dinero que le correspondía el día 20 de abril de 2018. Posteriormente, una vez hecho este proceso, Empo volvió a pedir pasar a ser “Limitada” en vez de “SA” a los ojos de la Comuna, todo supuestamente para evadir el pago de impuestos a la SET.
Este “ping pong” de cambio de denominaciones se hizo en al menos tres ocasiones con varias resoluciones que eran aprobadas por la Junta y vueltas a anular por el Legislativo municipal. Esto, para Cano, no pudo hacerse sin el desconocimiento de los ahora 13 imputados.
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Que Empo haya presentado el certificado de cumplimiento tributado falso en 2018 fue denunciado entonces por la Municipalidad, a cargo de Mario Ferreiro, en mayo. Esto fue publicado por el diario ABC y la Fiscalía llegó a imputar en diciembre de 2018 a Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, representantes legales de Empo Ltda., por producción de documentos no auténticos.
Ambos fueron sobreseídos parcialmente porque una funcionaria de Empo confesó que fraguó los documentos de cumplimiento tributario para poder cobrar el dinero de la empresa, recordó la fiscala. Pero… ¿qué pasó de los responsables de la Municipalidad? ¿Pudo solo una funcionaria de Empo lograr movilizar todo el esquema? Para el Ministerio Público, no.
Denuncia cajoneada
Una ciudadana a quien la fiscala no identificó presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Ferreiro, Óscar Rodríguez y los 11 concejales por permitir este supuesto delito. Como tantos otros casos, el expediente fue “cajoneado” en una unidad barrial. La fiscala Cano no quiso decir cuál era ni qué agente fue el responsable de que la denuncia “duerma” en su unidad.
Así, la ciudadana anónima presentó una recusación contra el o la fiscala (se desconoce su identidad) y el expediente fue a parar a la unidad de Stella Marys Cano porque el Ministerio Público consideró que ella iba a ser las más idónea para investigar el caso ya que también tiene a su cargo la pesquisa de las supuestas cajas paralelas de recaudación bajo la administración de Ferreiro.
La fiscala pidió para todos los imputados libertad ambulatoria, prohibición de salida del país y una fianza que será determinada por el juez Alcides Corbeta.