Piden liberar todas las declaraciones juradas

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El juez Raúl Florentín, del juzgado penal de Garantías número 4, es quien deberá definir el caso.
El juez Raúl Florentín, del juzgado penal de Garantías número 4, es quien deberá definir el caso.Archivo, ABC Color

Ayer se presentó un amparo de acceso a la información contra la Contraloría General de la República, a fin de solicitar que se liberen todas las declaraciones juradas presentadas ante el ente desde 1992 hasta este año. Son cerca de 1.500.000 documentos.

Los abogados Ezequiel Santagada, Federico Legal y Natalia Gagliardone presentaron ayer un amparo constitucional contra la Contraloría General de la República.

El amparo fue presentado luego de que el ente contralor negara un pedido de acceso a la información planteado por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien solicitó que se liberen absolutamente todas las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría desde 1992 hasta 2020.

El pedido se basó en la histórica resolución de la Corte Suprema de Justicia que el pasado 11 de junio rechazó una acción de inconstitucionalidad planteada por el excontralor Enrique García para no dar a conocer esos documentos.

En esa oportunidad, la máxima instancia judicial ha ratificado dos sentencias previas en las que se ordenaba la publicidad de las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.

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De esta manera, la Corte determinó a favor de nuestro compañero de tareas, quien basado en ese precedente y atendiendo que la máxima instancia judicial reconoció la constitucionalidad del pedido anterior, presentó un nuevo pedido para que se liberen todos los documentos.

Se debe conocer conducta

Durante la sesión de la Corte Suprema del 11 de junio, el ministro Manuel Ramírez Candia señaló que “el conocimiento de la conducta privada de los funcionarios públicos es de relevancia para valorar su idoneidad técnica o moral y para el efecto debe proveer toda información sobre su actividad para facilitar el control ciudadano”.

El juez Raúl Florentín, del juzgado penal de garantías número 4, fue sorteado como el encargado de resolver la acción promovida que busca que se hagan públicos todos los documentos.

Prometió entregar

El contralor general de la República, Camilo Benítez, dijo que no puede publicar las declaraciones juradas de bienes de las autoridades y políticos, desde el 2018 hasta la fecha, porque todavía no son públicas, sino que requieren de una orden judicial como ocurrió en aquellas de 1998 a 2017. “Si un juez me dice que publique todo, yo publico todo al día siguiente”, agregó.

Benítez, a diferencia de su predecesor, siempre cumplió con las sentencias.