En la sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Diputados resolvió que se postergue por una semana el tratamiento del proyecto de ley “que declara estado de emergencia para la navegación en los ríos Paraguay y Paraná”, con el cual se pretende emitir bonos en el mercado local por US$ 26 millones para el dragado de la hidrovía.
El argumento del aplazamiento fue para “un mejor estudio de la normativa”. Esto pese a que varios gremios ya advirtieron respecto a los riesgos que representarán al comercio exterior, si se sigue postergando la limpieza de los cauces. “Esperamos que cuando se trate se apruebe”, dijo el director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Jorge Vergara.
A su turno, Esteban Dos Santos, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM), explicó que si no pueden llegar con los productos de importación hasta el puerto de Pilar, por la falta de dragado y por el nivel crítico del río Paraguay, el precio de los productos se incrementarán y, además, el país puede quedarse sin abastecimiento de combustible, que no se puede transportar en camiones, por el elevado costo. Señaló que con la postergación del tratamiento de la ley de emergencia, los trabajos retrasan aún más, y que el MOPC ya había tardado para licitar los trabajos.
Por su parte, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Nery Jiménez, señaló que el 80% de las mercaderías ingresan al país a través de los ríos, por lo que el recorte de recursos para la hidrovía representará un enorme perjuicio a la economía. “Con este impedimento se generará un perjuicio enorme, que se sumará a la problemática comercial que ya tenemos por el covid-19”, señaló. Asimismo, el empresario aseveró que ahora se está llegando a la época del aumento de las importaciones y exportaciones, por lo que se deben acelerar los procesos para el dragado. Vale señalar que ya en diciembre de 2019, la empresa belga Jan De Nul NVSA presentó el proyecto para el dragado del río Paraguay, bajo la ley de Alianza Público-Privada (APP), donde se requerirá una inversión de US$ 110 millones. Pero hasta la fecha, poco o nada se avanzó.
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