CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El inmueble de 308 hectáreas ubicado en la compañía Costa Pucú de esta ciudad pertenece a la firma Italo SA, representada por Miguel Gorostioga. En el terreno ya existen cuatro loteamientos, administrados por Inmobiliaria del Este SA, y quedan aún 242 hectáreas como reserva a desarrollar.
La propiedad sufrió una primera invasión el 8 de septiembre pasado. En ese entonces, la mayoría de los ocupantes precarios huyó cuando llegó un contingente de la Policía Nacional.
En el terreno quedó una sola persona que fue identificada como Bartolomé Orrego López. El hombre dijo que fue contratado por Kemil Giménez, funcionario del área de Aseo Urbano de la Municipalidad de Caacupé, para alambrar el predio invadido.
Días después de la intervención policial, el 20 de setiembre pasado, dos personas identificadas como Tomás Campuzano y Alberto Salvador Quintana se instalaron bajo carpas frente al terreno de Italo SA. Se presentaron como presidente de la Coordinadora de Asentamientos del Paraguay (Conapa) y presidente de la Unión Nacional de Asentamientos, respectivamente.
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Los presuntos invasores exhibieron un contrato privado de cesión de derechos firmado por Kemil Giménez a favor de Tomás Campuzano.
En el documento, Giménez cede parte de las mejoras y autoriza la posesión de unas 80 hectáreas de supuesto terreno municipal ubicadas dentro de la propiedad de la empresa. Sin embargo, dentro del inmueble no existe fracción municipal alguna, según una mensura judicial realizada años atrás.
Incluso, el predio perteneció con anterioridad a la familia Pino, afirmaron los actuales dueños.
Los supuestos sintierras, munidos permanentemente de armas de fuego y palos, amenazan en forma constante a los guardias de la propiedad con que volverán a ingresar en cualquier momento al terreno. El hecho fue denunciado en el Ministerio Público.
La fiscala Gloria Gamarra, a cuyo cargo está la investigación, afirmó que los cabecillas y algunas personas que se quedan en los campamentos improvisados fueron citados a declaración indagatoria.
Añadió que no se descarta que en los próximos días se produzcan las primeras imputaciones.
Intentamos obtener la versión de Kemil Giménez, pero no respondió nuestras llamadas a su celular.
Penado por ley
El contrato privado celebrado por Giménez y Campuzano es comúnmente conocido como venta de derecheras y está penado por la Ley 4682/2012 con una pena de libertad de 2 a 5 años, tanto para el cedente como para el comprador.