CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Zacarías Irún administró CDE desde el 2001 al 2007, mientras que su esposa, McLeod, fungió de intendente entre 2007 y 2019. Durante ese tiempo fueron desviados millonarios recursos municipales y numerosas demandas perjudicaron a la institución, entre otros.
En la gestión de McLeod se habían desviado G. 3.700 millones del presupuesto de publicidad de la Comuna para destinar a la campaña electoral de miembros del clan Zacarías en las internas de la ANR, en 2015 y 2017, según la Fiscalía Anticorrupción. El senador era supuestamente el cabecilla del esquema de corrupción, de acuerdo con la pesquisa.
Russo, quien fue edil (1996-2001) por la ANR, y actualmente es dirigente de Cruzada Nacional, remarcó que la Comuna está facultada a acudir ante la justicia y, una vez dictada una eventual condena, exigir la devolución de los fondos desviados de las arcas municipales.
McLeod también es investigada por la Fiscalía en otra causa por una supuesta “tragada” de G. 12.800 millones de la recaudación del estacionamiento tarifado.
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En tanto, durante el mandato municipal de Zacarías Irún se produjeron millonarias demandas contra la Comuna esteña por desacertadas decisiones.
La empresa Metro Parking, que explotaba el estacionamiento tarifado hasta la rescisión dispuesta por Zacarías, ganó una demanda y la justicia condenó a la Municipalidad a abonar una indemnización de G. 13.250 millones; un grupo de exfuncionarios desvinculados por el actual senador ganó otra demanda por valor de G. 3.754 millones.
Russo explicó que la Municipalidad, una vez que abone la indemnización, está facultada a accionar judicialmente contra Zacarías para recuperar el dinero.
La bancada del Partido Patria Querida y Hagamos presentaron un proyecto de pérdida de investidura contra Zacarías Irún por supuesto uso indebido de influencias.
El legislador cartista soporta un proceso penal por supuestamente instigar al desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad. Los impulsores expresaron que Zacarías usó su influencia para tratar de entorpecer la investigación fiscal.
