La acción es contra el fallo de los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Arnulfo Arias y Óscar Rodríguez Kennedy, quienes el 11 de setiembre pasado rechazaron la apelación general planteada por la defensa y ratificaron que Alegre debe cumplir con las medidas impuestas: prohibición de salir del país, restricción de cambiar de domicilio y una fianza real de 150 millones de guaraníes.

En la audiencia de imposición de medidas, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos solicitó a la jueza de garantías la eximición de medidas cautelares, pero Lovera rechazó el planteamiento y dictó medidas alternativas a la prisión para Efraín Alegre, imputado por la presunta utilización de facturas fraguadas para la rendición de los gastos que tuvo el PLRA en las Elecciones Generales de 2018.

Argumentos de la acción

En la acción planteada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la defensa del excandidato a presidente de la República alega que se le “priva del derecho a la libertad sin que las decisiones asumidas por la jueza de garantías y el Tribunal de Apelación posean sustento en las normas aplicables al caso”.

Agrega que no se cumple con los presupuestos para la prisión, requisito previo para que se dicten las medidas alternativas.