A pesar de que el sector público tambalea hoy bajo el peso de una deuda que ronda ya los US$ 11.000 millones, equivalente a más del 30% de su producto interno bruto, presta poca importancia a sus acreencias en las binacionales, en este caso en la Entidad Binacional Yacyretá, que al 31 de diciembre de 2019 le debía US$ 1.230 millones en concepto de compensación por territorio inundado.
Ayer pudo observarse un resquebrajamiento del principio “dejar hacer, dejar pasar”, que la mayoría de nuestras administraciones aplicaron. Por Nota Nº 95021, del día 3 de este mes, el director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, pidió al canciller, Federico González Franco, su intervención “para requerir al Gobierno argentino las gestiones para el pago a nuestro país de la compensación en razón de territorio inundado, conforme al Art. XXI del Tratado de Yacyretá y del capítulo IV del Anexo C del mismo”.
El Art. XXI indica el camino que deben seguir las altas partes “en caso de divergencias sobre la interpretación o la aplicación del ... Tratado...”. Establece que esas diferencias se resuelvan “por los medios diplomáticos usuales y los tratados vigentes...”. En el C impone el pago de la compensación mencionada a los aportantes de territorio, en nuestro caso más del 80% que anega su embalse. Añade que los pagos deben realizarse desde el 2018 hasta la fecha, en forma parcial, a cuenta de...".
Hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en que cerró la cuenta el cajoneado acuerdo Cartes/Macri, la deuda de la EBY con Paraguay era de US$ 941 millones, que hasta 2019 subió a US$ 1.230 millones. Hasta el 2008 pagaron US$ 86 millones por este concepto. Además, deberá descontarse de ese monto la deuda de ANDE por diferencia tarifaria, que tampoco quiso aplicar sus derechos. El gráfico, solo de este año, así lo demuestra.
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