La normativa venía siendo exigida por estudiantes de las ocho universidades públicas del país desde mediados del año, aunque ellos demandaban que la gratuidad sea para todos los alumnos y clamaban que se aprobase cuanto antes, atendiendo la crisis económica que les afecta, como al resto de la población, debido a las medidas preventivas tomadas este año para controlar la propagación del covid-19.
Ayer, el Gobierno informó en su gaceta oficial la promulgación de la Ley 6628, “que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, Instituto Nacional de Educación Superior, en institutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias y en el Instituto Nacional de Salud”.
La normativa, firmada el 19 de octubre por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Educación, Eduardo Petta, señala que la gratuidad será para egresados de colegios oficiales y subvencionados y para los que estén en situación de vulnerabilidad, la que deberán probar con requisitos a ser establecidos bajo una reglamentación que el Poder Ejecutivo deberá elaborar dentro de un plazo de 90 días a partir de su promulgación.
Esta gratuidad, que entra a regir a partir de ahora, será financiada con fondos provenientes del Fonacide, cuya distribución también se modifica mediante esta nueva Ley. Así, ahora, del Fonacide, el 7% será destinado a las universidades públicas, el Instituto Superior de Bellas Artes, institutos de formación docente dependientes del MEC y el Instituto Nacional de Salud. La distribución del dinero se realizará según el cálculo basado en el promedio de ingresos efectivamente realizados en los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019, originados en aranceles educativos de egresados de la educación media de instituciones educativas oficiales y del sector subvencionado. Estos fondos se usarán para sustituir los ingresos originados en los aranceles y en fondos para becas y ayudas para estudiantes de los cursos de admisión y de grado.
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Para los gremios universitarios como el Ceuna, la promulgación de esta Ley es un hecho histórico.