El inmueble en cuestión, de seis hectáreas, está ubicado en el primer encuadre, y es reivindicado por Ruth Emilce Montiel, quién afirma haber solicitado al Indert, y obtenido la venia de la institución para ocupar.
Sin embargo, un grupo de 60 personas liderada por el docente Toribio Ojeda Ávalos, sostiene que la propiedad forma parte de una reserva dejada por los lugareños ya en el año 1993.
“La comunidad había decidido dejar un excedente que no correspondía ser un lote, como reserva natural. Inclusive habíamos solicitado en su momento la titulación a favor del Ministerio de Educación y Ciencias a los efectos de que sea utilizado como campo experimental de reforestación por nuestros niños, pero nuestra vecina, cuyo padre fue dirigente de la comunidad, nos traicionó” afirmó Toribio Ojeda, uno de los imputados por la fiscalía tras la denuncia promovida por Montiel.
El educador precisó que el objetivo inicial era recuperar y conservar dicho lugar, pero ya es imposible, considerando que se ha deforestado totalmente, sus maderas convertidas en postes y vendidas. “Entonces, la opción “b” es convertir en terreno y distribuir a los lugareños que necesitan asentarse en la comunidad previa solicitud al Indert” agregó.
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Por otra parte, Roberto López, pareja de Ruth Emilce Montiel, aseguró que el terreno fue solicitado en el 2015, ya que por desidia, la comisión no documentó como corresponde, por lo que su concubina tiene legítimo derecho sobre el inmueble. Luego del ingreso de las personas a las tierras en litigio, la mujer promovió el recurso de interdicto de recobrar la posesión ante el juzgado de paz de Curuguaty.

Dicha denuncia derivó ante el Ministerio Público, instancia desde donde el agente fiscal Juan Daniel Benítez imputó a cerca de 40 personas por desacato a la orden judicial que favoreció a la denunciante; la decisión fiscal a su vez, desembocó en una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra Benítez, quien supuestamente incurrió en mal desempeño en sus funciones de acuerdo a los imputados.
Mientras tanto, los 40 imputados deberán prestar declaración indagatoria entre este jueves y viernes ante el juez José López Ávalos de Curuguaty.
