En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, reflexionó sobre las recientes marchas de campesinos en Asunción y su impacto en la capacidad de la ciudadanía por transitar libremente por el microcentro.

Las marchas campesinas, mediante las cuales los labriegos exigen al Gobierno el cumplimiento de compromisos pertinentes a la asistencia económica para los productores agrícolas, generaron durante los últimos días tensión al obstaculizar el tránsito por el microcentro de Asunción en horas pico.

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El ministro Acevedo opinó que en situaciones como esa “se enfrentan dos derechos, y es un tema interminable”, señalando por un lado el legítimo derecho de los campesinos a movilizarse y manifestarse, y por el otro el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a transitar libremente.

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Señaló que al estar los campesinos en legítimo ejercicio de sus derechos, “la Policía no puede ir a dispersarlos”, por lo que las autoridades se han volcado a negociar con los manifestantes rutas específicas para sus marchas, algo que el ministro señaló que se hace con todos los colectivos que se manifiestan en la ciudad.

Sin embargo, explicó, Asunción es “una caja de zapatos” donde “una manifestación de 500 personas ya te cierra el centro”.

Sentenció que independientemente a las dificultades que las manifestaciones causen en el tránsito por el microcentro “yo no les puedo ir a pegar” a los campesinos o impedir que marchen.

“La Policía no puede impedir que la gente camine por la calle”, comentó.

RESTRICCIONES SANITARIAS

Tocando el tema del cumplimiento de las restricciones impuestas por el Gobierno para prevenir contagios de covid-19, el ministro Acevedo recordó que el decreto sanitario “está plenamente vigente”, pero indicó que hay “una especie de tolerancia” de las autoridades a posibles faltas de acatamiento debido a “la coyuntura económica, social y sobre todo psicológica”.

“La gente quiere culpar a la Policía de que no actúa o actúa con violencia, en realidad actúa con fuerza, pero hay muchas cosas que solo podemos hacer con orden judicial o presencia fiscal”, explicó, señalando que si bien se puede recurrir a la Policía para dispersar una “visible aglomeración”, en situaciones más ambiguas donde la existencia de una aglomeración está sujeta a interpretación las autoridades policiales se ven atadas de manos.

“Necesitamos un decreto o resolución para exigir o imponer determinadas restricciones”, agregó, señalando que “no es un hecho punible una aglomeración”.