En el requerimiento fiscal N° 56, del 5 de noviembre pasado, Acuña solicitó al juez de garantías de Caazapá, Claudio Villalba, la desestimación de la denuncia.
La agente del Ministerio Público refirió que la denuncia que hizo un grupo de concejales “constituiría apenas un juicio de valor sin contenido fáctico”. Enfatizó que los hechos atribuidos al legislador de Honor Colorado “son meros juicios valorativos personales que no enuncian hechos, sino, y en todo caso, solo un sentimiento o afecto del sujeto que lo realiza”.
Acuña refirió que el Ministerio Público no puede actuar sobre la base de juicios de valor, sino sobre indicios fácticos suficientes. “Es decir, tienen que señalarse los hechos”, resaltó.
La fiscala afirmó que luego de la “investigación” corroboró la inexistencia de los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación, atribuidos a Dávalos durante su gestión como gobernador.
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Los antecedentes revelan que concejales departamentales de Caazapá, en base a un informe final de auditoría externa, realizada por el licenciado Gustavo Adolfo Acuña Molinas, denunciaron a Dávalos. El trabajo del auditor comprendió el periodo 2013-2018 y detectó varias irregularidades.
La denuncia contra Dávalos fue por perjuicio de G. 192.187.375.600, entre los años 2014 y 2018. Se agregó la presunta apropiación de bienes por valor de G. 242.946.573, que saltó tras inventario de bienes.
Según auditoría, durante la gestión de Dávalos no se pudieron justificar G. 169.144.131.619, utilizados para “fines ajenos” a la competencia de la gobernación. Asimismo, apareció la disposición activa y discrecional de G. 3.897.350.106 que equivalen a una diferencia entre cheques emitidos por la Gobernación y lo obligado según ejecución presupuestaria.
También aparecen G. 1.993.634.128 en concepto de supuestas becas no registradas en la contabilidad de la gobernación, y otros G. 13.086.762.392 provenientes de la diferencia entre la ejecución presupuestaria de los gastos royalties y la rendición de cuentas realizada ante Contraloría. En el rubro Fonacide aparecen G. 4.065.497.355 sin respaldo documental alguno, según la rendición ante Contraloría.
Apropiación de bienes de la gobernación fue de G. 242.946.573, según denuncia.
SE HABLA DE INJERENCIA POLÍTICA
Para la desestimación de la denuncia contra el diputado cartista Avelino Dávalos, por su gestión como gobernador de Caazapá, se habría producido una fuerte injerencia política, según fuentes.
Una publicación de nuestro diario del 22 de agosto del año pasado, decía que la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, había dictaminado por la apertura de una investigación penal.
Sin embargo, el documento fue a parar mucho tiempo en el despacho de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien luego de dicha divulgación ordenó indagar el caso.