El planteamiento fue rechazado en primera instancia por el juez José Agustín Delmás, en atención a la existencia de varios delitos que impiden el otorgamiento de dicha salida alternativa.
Delmás argumentó que existen indicios de delitos como lavado de dinero, asociación criminal, contrabando, además de evasión impositiva. Asimismo, los procesados no han pagado aún la totalidad de impuestos y multas adeudados, solo hicieron pagos iniciales.
Los antecedentes del caso se remontan hasta el 23 de julio del año pasado, cuando el Operativo Llamada movilizó a numerosos fiscales y un sinnúmero de agentes policiales para la ejecución de órdenes de allanamiento simultáneo a 13 establecimientos de Ciudad del Este y dos de Asunción, en el marco de una investigación de evasión de impuestos de teléfonos celulares de alta gama por US$ 678.300.678.
Al cierre de la investigación –con prórroga extraordinaria incluida– y constatadas las irregularidades denunciadas tales como la utilización de facturas falsas y adulteración de facturas, con el consecuente perjuicio al fisco, los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz plantearon un requerimiento conclusivo como mínimo insólito. De los 15 procesados, la Fiscalía pidió juicio solo para uno.
Suspensión condicional del procedimiento fue la salida requerida para Liz Paola Doldán, Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán y Julio Vera Melgarejo.
Todos son representantes y socios de las empresas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, que evadieron impuestos entre 2017 y 2019 por G. 61.808.381, G. 4.633.636.582 y G. 690.298.472, en ese orden.
Tal es el apuro de la Fiscalía por beneficiar a los procesados, que hasta se equivocaron al repetir los nombres en los pedidos de sobreseimiento y suspensión, error rectificado en la preliminar.
La Seprelad realizó la denuncia
La intervención fiscal que motivó el Operativo Llamada y posterior apertura del proceso penal por millonaria evasión con celulares de alta gama ahora en trámite, se realizó a raíz de una denuncia realizada por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), luego de un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
El único acusado por este caso es Carlos Gustavo O’Higgins Riquelme, accionista y presidente de F.G. Trading, por producción de documentos no auténticos.
La acusación refiere que entre los años 2017 y 2018, la empresa de O’Higgins presentó 750 facturas no auténticas y 155 facturas falsas por G. 582.578.739.215.