LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). El jefe municipal Echeverría solicitará en los próximos días a un banco un sobregiro de G. 3.000 millones, que serán cancelados en un año.
Es la segunda vez que este Municipio recurre a este tipo de préstamo. En 2018, la deuda fue de G. 5.000 millones que fueron pagados totalmente recién este año.
Incluso la bancada liberal conformada por seis concejales liberales denunciaron que la administración del intendente colorado cartista “maquilló” esta deuda en el balance general de 2019, para evitar cuestionamientos.
Ayer, a través de una sesión virtual, los concejales colorados Juan Ángel Marecos (ANR, Añetete, presidente de la Junta), Diego Romero, Christian Valdez, Eliseo Fernández, Teodoro Valdez y Rubén González Chaves, todos colorados cartistas, además del liberal Félix López, votaron a favor del sobregiro bancario.
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Los ediles liberales Francisca Franco, Belén Maldonado y Manuel Achucarro votaron en disidencia. Cristhian Bernal se abstuvo y Jorge Acosta se ausentó.
Franco reclamó que la nota de pedido no estaba firmada por el intendente Carlos Echeverría en el momento en que ingresó a la Secretaría de la Junta Municipal luqueña.
También indicó que la tasa de interés para los sobregiros bancarios es más elevada que aquella aplicada a un préstamo ordinario a corto plazo.
Justamente, el edil cuestionó que la Comuna no recurra a un crédito a corto plazo, tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal.
Por su parte, Achucarro dijo que, según la Ley de Administración Financiera del Estado, los sobregiros son para entidades privadas y no para municipalidades, es decir, no para la función pública.
En cambio, el concejal Diego Romero calificó a sus colegas que votaron en disidencia de “chicaneros”.
Sostuvo que los mismos desean poner trabas al pago de salarios y de aguinaldo a los funcionarios municipales. Justificó el sobregiro diciendo que solo se trata de línea de crédito al que puede acceder la Municipalidad y que el dinero “dignificará” a los funcionarios.
Crédito a corto plazo
El artículo 196 de la Ley 3966 Orgánica Municipal refiere que las municipalidades pueden acceder solo a créditos de corto plazo que sean cancelados en el año del ejercicio fiscal en el cual fue solicitado, lo que significa que la deuda deberá obligatoriamente ser cancelada en diciembre del 2020. Señala al “financiamiento temporal de caja”, que sirven para cubrir el déficit temporal de caja.
Los límites de tal endeudamiento estarán determinados por la capacidad institucional de pago y las previsiones de su presupuesto, las cuales no podrán ser sobrepasadas en ningún caso.
Otro caso se denunció a Contraloría
Un hecho similar fue denunciado en mayo pasado ante la Contraloría General de la República (CGR) por la bancada liberal conformada por los ediles Belén Maldonado, Francisca Franco, Manuel Achucarro, Jorge Acosta, Cristhian Bernal y Félix López. La denuncia no prosperó. La Junta Municipal de Luque aprobó en diciembre de 2018 una línea de crédito a corto plazo de G. 5.000 millones para el mismo fin. Sin embargo, según la denuncia, el jefe comunal realizó un sobregiro pagado recién este año.