Allanan Municipalidad de Acahay, detienen al tesorero, a una concejala de Mbuyapey y a su pareja

ACAHAY. La concejala liberal de Mbuyapey Mirian Elizabeth Martínez y su pareja el exadministrador de la Facultad de Filosofía (UNA), Eduardo Espínola Ayala, condenado por el desvío de G. 178 millones de la facultad, fueron detenidos por agentes policiales. Asimismo, el tesorero de la Comuna de Acahay, Vicente Aníbal Torres Sanabria. Todos ellos están investigados en la causa “Eduardo Espínola sobre documento no auténtico, lesión de confianza y abuso de documento de identidad”.

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Investigan una red que creaba empresas fantasmas para desfalcar a la Municipalidad.Emilce Ramíirez, corresponsal

Una comitiva fiscal-policial de Delitos Económicos y de Investigación allanó la Municipalidad de Acahay, a cargo del intendente Alcides Sosa (abdista). Fue en prosecución a la investigación promovida por el fiscal Rodolfo Hiram Colmán.

Se realizaron dos allanamientos simultáneos, firmado por el juez de Garantía de Carapeguá, Hilario Bustos. La primera fue en la Municipalidad local donde quedaron como intervinientes las asistentes fiscales Manuela Benítez y Cinthia Oviedo. Mientras que en la vivienda de Espínola Ayala, ubicada en el distrito de Mbuyapey, se trasladó otra comitiva encabezada por el fiscal Hiram Colmán.

Espínola Ayala, pese a que estaba cumpliendo condena de 8 años por el desvío de fondos de la UNA, seguía operando supuestamente como proveedor del Estado, creando presuntas empresas fantasmas, cuya propiedad atribuía a humildes pobladores del distrito de Mbuyapey, según se desprende de la investigación del Ministerio Público.

Este es el caso de Milquiades Ayala Ortiz y Aldo Ayala González, oriundos de Mbuyapey, que son pobladores de escasos recursos que han estado recibiendo el subsidio económico de adultos mayores, pero llamativamente se les suspendió la transferencia. Al averiguar el motivo, se encontraron con la sorpresa que aparecen como proveedores del Estado, y que tienen varias empresas que facturaban más de G. 5.000 millones a la Municipalidad de Acahay. Ante dicha situación promovieron una demanda en contra del ex funcionario público.

Acompañaron el procedimiento personal de investigaciones sede Paraguarí y personal de Delitos Económico. Se contó también con el refuerzo del personal policial de la comisaría local.

Durante el allanamiento no estaba el intendente Alcides Sosa (abdista). La comitiva fue recibida por el responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Óscar González, y por el tesorero, Vicente Aníbal Torres Sanabria, quien quedó detenido por disposición del fiscal Hiram Colmán.

De la Municipalidad se incautaron una PC, una notebook, documentaciones de las empresas denunciadas como inexistentes como 8 de Diciembre, San Roque, San Cayetano, San Jorge, MyC Consultoría y NM Servis.

De la vivienda de Espínola Ayala se alzaron como evidencias documentos varios, contratos, chequeras, sellos, pagarés, facturas, dos notebook.

El juez Bustos dispuso que el resultado del procedimiento sea comunicado al Juzgado de Garantía en un plazo de 24 horas. Los detenidos quedarán recluidos en la Comisaría Quinta de Carapeguá, a disposición del Ministerio Público.

Antecedentes

La Junta Municipal, presidida por Mariza Giménez (cartista), había denunciado ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la adjudicación de obras por más de G. 1.000 millones a empresas que se presume serían fantasmas y que no están inscritas como proveedoras del Estado.

Las empresas adjudicadas en forma directa con obras por el intendente Alcides Sosa (abdista), son MyC Consultoría, de Mirian Martínez, propietaria de la firma y sería pareja de Espínola Ayala.

Asimismo, se encuentran la Constructora San Cayetano, de Cosme Damián Pérez, quien sería cuñado del procesado Espínola Ayala y las dos empresas Constructora San Roque y Costructora 8 de Diciembre, ambas aparecen como propiedad de Milquiades Ayala Ortiz y Aldo Ayala González. Estos últimos denunciaron que desconocían que figuraban como proveedores del Estado, ya que son de escasos recursos como para crear una empresa constructora.

En el 2018 la Junta Municipal había rechazado la ejecución presupuestaria del 2017 de la gestión de Sosa por varias irregularidades detectadas desde obras fantasmas, como empresas de dudosa conformación que presumían serían fantasmas.

Este hecho fue denunciado ante la Contraloría General de la República(CGR) donde se había solicitado la auditoría, pero jamás prosperó. También habían informado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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