ACAHAY (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La Unidad Fiscal Penal N° 2 de Carapeguá a cargo del fiscal Rodolfo Hiram Colmán constató que las empresas contratadas por la Municipalidad de Acahay no existen y que, presumiblemente, todas ellas fueron creadas por Eduardo Espínola Ayala y su esposa, la concejala Mirian Martínez (PLRA), para desvalijar la Comuna, administrada por el intendente Alcides Sosa Báez (ANR, Añetete).
Durante varios allanamiento realizados el lunes último a la vivienda el intendente y a la del tesorero municipal, la comitiva fiscal policial también se constituyó en las direcciones en la que figuraban algunas de las empresas constructoras que figuran como proveedoras de la Comuna.
En Ybycuí verificaron que la empresa NM Service, propiedad de Naiza Araceli Cohener González, nuera de la pareja de contadores procesado, en la vivienda funciona un lavadero, y, al momento del allanamiento, no se encontró a nadie allí.
Rubén Benítez Marquez, otra víctima, manifestó que tenía una despensa y como Espínola Ayala era su contador, le pidió que le cancele el RUC. Sin embargo, el mismo no lo hizo, cambió la actividad comercial de Benítez Marquez por “venta de construcciones de material y productos varios” y la registró como NM Service. El afectado dijo que denunció este hecho en el 2019.
Luego, fueron hasta Mbuyapey para verificar si existía la constructora San Roque y Constructora 8 de Diciembre, que figuraban a nombre de Melquiades Ayala Ortiz y de Aldo Ayala González, respectivamente.
Constataron que eran viviendas particulares, sin letreros ni maquinarias.
Los dos mencionados fueron quienes presentaron la denuncia. Melquiades descubrió la situación luego de que le cancelaran el subsidio por tercera edad, porque tenía el RUC activo, siendo que lo había mandado a cancelar, y además, se generaban frondosas ganancias con el RUC.
El intendente Sosa dijo desconocer lo que está ocurriendo y que su contador Vicente Aníbal Torres Sanabria es de confianza y manejaba todas las transacciones.
El fiscal refirió que está analizando todos los documentos y no descarta imputar al Intendente. Ante
esta situación la Junta Municipal por unanimidad de sus miembros resolvió solicitar al Ministerio del Interior la intervención de la Municipalidad local, por supuestas irregularidades desde el 2017.
Eduardo Espínola Ayala fue condenado a 8 años por el desvío de G. 178 millones de la UNA cuando era el ex administrador de la Facultad de Filosofía, y aun así seguía operando.