DNCP investiga licitación del MOPC para seguro “vip” de funcionarios

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Pablo Seitz, titular de Contrataciones Públicas.
Pablo Seitz, titular de Contrataciones Públicas.Archivo, ABC Color

La DNCP resolvió investigar de oficio la licitación del MOPC para contratación de seguro médico y odontológico de funcionarios, en la que se prevé gastar US$ 14 millones. Aquello es porque la cartera no presentó documentos respaldatorios de precio referencial, entre otros.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) comenzó una investigación de oficio a la criticada licitación que lanzó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la contratación de un seguro médico y odontológico “vip” de sus funcionarios, en la que prevé destinar nada menos que US$ 14 millones de los fondos públicos.

La pesquisa se debe a que la DNCP, dirigida por Pablo Seitz, ya había observado varias irregularidades en el concurso en cuestión, que no fueron subsanadas hasta hoy por el ministerio.

En este caso el organismo ya había hecho observaciones de irregularidades al MOPC, las cuales no fueron corregidas, por lo que a través de la resolución N° 5357/20 inició una investigación de oficio.

Seitz indicó que las indagaciones empezaron en base a las observaciones que realizaron a Obras Públicas a través de dos notas. Manifestó que sin embargo, maneja la información de que el ministerio está en proceso de cambio del pliego de bases y condiciones por medio de adendas.

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Recordemos que en la primera nota remitida al MOPC el 11 de noviembre, la DNCP resaltó que en la licitación pública no se observan los documentos respaldatorios que establecen la resolución de la DNCP Nº 1890/20, que regula la estimación de precios en los procedimientos de contratación pública.

En el mismo escrito citado, informó a Obras Públicas que considerando que la vigencia del contrato será desde el 1 de enero de 2021, el llamado cuenta con presupuesto 2020, lo que significa que la convocatoria debería ser “ad referendum” para ser incluido en el presupuesto 2021.

En ese sentido, recordó a la convocante que la Ley Nº 1535/99 de la administración pública establece que “el cumplimiento de las obligaciones financieras será simultáneo a la incorporación de bienes y servicios”.

Obras Públicas no cumplió con las mencionadas observaciones de la DNCP, por lo que la entidad volvió a remitir otra nota a la institución, con fecha del 16 de noviembre, en la que reiteró que “no se observan los documentos respaldatorios los cuales fueron considerados para la elaboración de los precios de referencia” del llamado en cuestión.

Además, nuevamente reiteró que la vigencia del contrato será desde el 1 de enero de 2021, pero que el llamado cuenta con presupuesto 2020 “siendo que debería de ser ad referéndum al Presupuesto 2021”.

La DNCP dejó en claro que al publicarse la licitación se recordó a la convocante que será de su “absoluta responsabilidad” si se producen eventuales consecuencias del procedimiento en las condiciones establecidas.

Una resolución del organismo dice que, “de las observaciones realizadas por la Dirección de Normas y Control, ingresadas como caso Nº 656, se desprende que existen indicios de irregularidades en dicho procedimiento de licitación, “por lo que este Juzgado de Instrucción considera oportuno actuar en el ámbito de sus competencias, a fin de investigar según el artículo 82º de la Ley Nº 2051/03 –modificado por el Art. 1 de la Ley N° 3439/07– que otorga a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la facultad de investigar de oficio, a fin de verificar que los actos de los procedimientos de contratación se ajustan a las disposiciones de la ley”.

Vale señalar que, según los documentos de la licitación cuya apertura de ofertas se realizará el 4 de diciembre próximo, el Ministerio de Obras Públicas destinará G. 1.000.000 mensuales por el seguro de cada uno de sus funcionarios, durante 24 meses, que es la duración que tendrá el contrato, de acuerdo a los datos publicados en el portal de la DNCP. Se prevé el seguro médico y odontológico para 4.000 funcionarios.

En plena pandemia y cuando se están recortando los recursos para las obras viales, los funcionarios de la institución siguen con importantes beneficios que corren por cuenta de la ciudadanía.