El inexistente metrobús sigue generando gastos

Por vía de la excepción, el MOPC está a punto de contratar los servicios de una “asesoría” y “representación” para el arbitraje del metrobús, por G. 23.809 millones. Licitación se lanzó con sigilo y ofertas se recibirán mañana.

Así está la zona del fallido metrobús, donde el MOPC desembolsó US$ 30 millones a Mota Engil, empresa que no terminó ni el 30%.
Así está la zona del fallido metrobús, donde el MOPC desembolsó US$ 30 millones a Mota Engil, empresa que no terminó ni el 30%.Archivo, ABC Color

Con total sigilo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó una licitación, por vía de la excepción, “para la contratación de los servicios de asesoramiento y representación legal en los arbitrajes internacionales promovidos contra el Estado paraguayo” (ID 388.172).

El llamado en cuestión es para “atender” el arbitraje del fracasado metrobús, contra la firma portuguesa Mota Engil y, además, otro caso contra la firma Serviam SA Sucursal Paraguay (con matriz en Uruguay), que también demandó al Estado en el extranjero, por obras fallidas de la ruta PY09.

Esta consultoría le costará al Estado casi G. 23.809 millones, según documentos del llamado, la apertura de ofertas se realizará mañana, a las 8.30. Este millonario gasto, que tiene financiación de recursos del Tesoro (fuente 10), se realizará a pesar de que tanto la Procuraduría como el MOPC tienen un “ejército” de abogados en sus diferentes direcciones, justamente para atender este tipo de casos, pero al parecer no son suficientes, y optan por seguir dilapidando recursos públicos.

En el caso del primer arbitraje internacional “ad hoc” al que recurrió la empresa portuguesa Mota Engil, excontratista del metrobús, sigue su curso y este mes le tocará al Estado paraguayo demandar a la firma portuguesa ante el mismo tribunal que fue conformado, por lo que “la asesoría de expertos será fundamental”, defendió ayer el procurador, Sergio Coscia. Este arbitraje se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominado Uncitral, por sus siglas en inglés. El proceso tiene como sede Asunción, aunque Mota Engil buscó en su momento que se desarrolle en Chile, violando el contrato. La firma reclama US$ 25 millones por los supuestos daños que le causó el metrobús.

Respecto al arbitraje contra la firma Serviám, Coscia aclaró que se trata de una empresa que había ganado una licitación, para mantener la ruta PY09 en 2016, pero que no pudo ejecutar la obra por problemas que surgieron. Sin embargo, reclamó cobrar los montos de su contrato en un arbitraje internacional. No se sabe en qué instancias se encuentra este proceso, ni cuánto reclama esta firma, lo que se consultó en el MOPC, pero no se tuvo respuestas al cierre de esta edición.

“Necesitamos asesoramiento físico en los lugares de estos arbitrajes, porque como son a través de convenios de préstamos, necesitamos un asesoramiento, por ejemplo, las audiencias serán en La Haya, y para eso se hace esta contratación. Necesitamos que los técnicos nos asesoren, esto es positivo para el país”, expresó el procurador.

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