En esta causa también está imputado y con prisión preventiva el tesorero de la municipalidad de Acahay, Vicente Torres Sanabria, quien tiene orden de remisión a la Penitenciaría de Misiones. En su recusación el fiscal cuestionó al juez Ortega, porque el magistrado para levantar la prisión domiciliaria de la pareja de procesados señaló que “los mismos no poseen antecedentes judiciales”.

El imputado Espínola Ayala está condenado a ocho años de prisión por el desvío de fondos de la Facultad de Filosofía-UNA, dictado en el año 2016. El fiscal alega que tiene elementos probatorios que el procesado violaba permanentemente su prisión domiciliaria y se trasladaba de Mbuyapey a Acahay a reunirse en una estación de servicios con el tesorero Torres Sanabria y luego en la casa particular del intendente de este distrito Alcides Sosa (Abdista).

Asimismo, la edil Martínez, quien funge de propietaria de una de las consultorías que tiene relación con la Municipalidad de Acahay, lo cual sería nexo para realizar los supuestos hechos punibles investigados.

En cuanto a las garantías de inmueble solo fueron presentados la condición de dominio solicitado en la Dirección de Registros Públicos y no se cuenta aún con un informe de dicha entidad que asegure ser propietario de las fincas presentadas para caución real. Ante dicha situación el fiscal Hiram Colmán menciona en su recurso de apelación que existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave y que existe un inminente peligro de fuga o la posible obstrucción de la investigación.

Por otra parte, la fiscalía fijó audiencia para el próximo 9 del presente mes a las 9:00 para una indagatoria al intendente de Acahay, Sosa. Asimismo, el Juzgado de Carapeguá, el día 10 para la imposición de medidas, donde el juez Ortega deberá decidir si se allana al pedido fiscal de dar prisión preventiva para el ejecutivo comunal local o opta por otras salidas procesales.