Los manifestantes aseguran que existen más de 12 irregularidades donde hay pérdidas patrimoniales millonarias que fueron comprobadas por la propia Contraloría General de la República (CGR). Agregaron que esta institución hizo varias observaciones en una auditoría, pero que se está buscando ningunear el estudio.
Una de las líderes activistas sociales, Lili Jara Ruiz, dijo que la municipalidad había sido auditada por la Contraloría General de la República (CGR) y se constató que existen 12 irregularidades. Además, se encontró que la jefa comunal hizo dos plazas en predios privados con el dinero de los contribuyentes.
Jara Ruiz no pudo determinar el monto total de la pérdida patrimonial de la entidad, pero aseguró que tan solo en una de las irregularidades existe una malversación de unos G. 2 mil millones.
Añadió que el 18 de noviembre pasado, los nueve concejales de la Junta Municipal resolvieron solicitar al Ministerio del Interior la realización de las gestiones para una intervención municipal, pero que todo sigue parado ahora.
Por su parte, la intendenta Beatriz Burgos de Torales (ANR) dijo que no busca ahondar sobre el punto; es más, minimizó la denuncia ciudadana. Dijo Lili Jara Ruiz que está realizando la denuncia solo porque tiene problemas particulares con un sobrino de la familia y que por represalia está actuando de esta manera.
De la misma forma, aseguró que las denuncias injustificadas son de tinte político, pues son encabezadas por el líder nativo Catalino Sosa, supuesto candidato a concejal y que solo busca popularidad moviendo a su comunidad.
En cuanto a la auditoría del CGR, indicó que el estudio fue netamente patrimonial y que tras los estudios solo se registraron observaciones comunes como en cualquier otra entidad municipal.
Aseguró que, ante la falta de documentos para sostener el pedido de intervención, muchos concejales están dejando de seguir el caso.