Las defensas del exsenador por la ANR y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher; su exsecretario en esa institución, Raúl Fernández Lippmann, el abogado Carmelo Caballero y el exparlamentario por Unace Jorge Oviedo Matto presentaron ayer sus pruebas en el juicio oral por el caso de los audios filtrados.
El exsenador colorado, acusado por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal, se mostró confiado en que será absuelto porque a su criterio la Fiscalía no presentó elementos probatorios que demuestren la acusación.
“Ustedes vieron todo lo que presentó el Ministerio Público, no tiene nada en mi contra, estoy tranquilo”, expresó confiado ayer el exparlamentario colorado con relación a las pruebas producidas en el juicio oral por los agentes fiscales Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme.
De todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía para sustentar la acusación contra de OGD, Caballero y Fernández Lippmann, ya solo está pendiente la declaración de la exjueza Adriana Pedretti, de la cual los agentes desistirían ante el informe del psiquiatra forense que evaluó a la testigo y confirmó que padece trastorno depresivo y trastorno de pánico que afectan su memoria a largo plazo.
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Anuncia retorno a la política
Además de asegurar que no existen elementos para que sea condenado, Óscar González Daher confirmó que su deseo es volver a la arena política en el 2023. “Sí, volveremos con más fuerza que nunca”, respondió el exsenador al ser consultado si tiene pensado postularse nuevamente para un cargo electivo en los próximos comicios generales.
Sin embargo, es importante aclarar que su retorno a la política, ya sea como legislador o en otro cargo electivo, solo será posible si no es condenado ni por el caso de los audios del JEM ni en el juicio oral por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, que enfrentará el próximo año junto a su hijo Óscar Rubén González Chaves.
Los hechos por los que OGD está acusado en el caso audios tienen un marco penal de hasta 5 años cada uno, pero con el concurso la máxima condena que podría dictarse es de 7 años y medio de cárcel.