De acuerdo a la denunciante, el predio en cuestión fue solicitado en 2003, cuando estaba casada con Milciades Ortega, de quien se separó en 2013 sin hacer la partición de bienes entre las partes. Al respecto, mencionó que el terreno tiene una dimensión de 703 m², donde la pareja había invertido una millonaria suma de dinero en las obras de mejoras.

El motivo principal que causó la reacción de la educadora fue que las autoridades actuales de la Municipalidad de Santaní, en diciembre de 2019, aprobaron una solicitud de compra directa hecha por su exesposo y le dejaron fuera de la posibilidad de recuperar por lo menos parte de los bienes existentes en ese local.

Actuaron con malicia

Dijo que es evidente que los concejales y el ejecutivo municipal actuaron con malicia y deshonestidad en este caso, porque ellos no debieron favorecer solamente a una parte y perjudicar a otra sin tener en cuenta que el caso estaba en un proceso judicial y que no era la forma de resolver esta situación.

“Yo resolví venir a encadenarme aquí en la Municipalidad en reclamo de mi derecho y también para que la ciudadanía conozca a las autoridades que tenemos en nuestra ciudad”, se quejó.

Agregó además que mientras no encuentra una respuesta favorable a su pedido de dejar sin efecto el documento otorgado a su contraparte, no piensa levantar la medida de fuerza que está llevando adelante.

Por su parte, el exesposo manifestó que él ya había llegado a un acuerdo con su expareja y los dos habían aceptado el convenio; sin embargo, la misma aparentemente tendría la intención de sacarle el local en conflicto que actualmente se encuentra alquilado.

Por su parte, el ejecutivo de la Comuna, Agustín Ovando (ANR) explicó que no hubo ninguna intención de perjudicar a la educadora y que actuaron correctamente en la aprobación de la compra directa a favor de la expareja de la profesora Vilma Ramírez. Aseveró que, en este caso, ellos se basaron de la solicitud de arrendamiento realizada en el año 2003.