Proyecto de ley sobre conflicto de intereses es un “tackle” a la corrupción, dice Estigarribia

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Imagen de archivo. El exsenador y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia (derecha) habló sobre el anteproyecto de ley sobre conflicto de intereses.
Imagen de archivo. El exsenador y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia (derecha) habló sobre el anteproyecto de ley sobre conflicto de intereses.

El exsenador y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia afirmó que el proyecto de ley sobre “conflicto de intereses” -de aprobarse- ayudará a transparentar la gestión pública y a eliminar la corrupción.

La declaración jurada de intereses de los funcionarios públicos busca aumentar la transparencia y es un complemento fundamental a la lucha contra la corrupción, según explicó el abogado.

Al describir el anteproyecto mencionó que este “define, previene y sanciona” los conflictos de intereses y amplía la ley contra el nepotismo. Su redacción llevó alrededor de un año y fue elaborado con la colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for International Development) y otros organismos nacionales.

Estigarribia explicó que conforme se estableció en la normativa, los funcionarios públicos deberán hacer una declaración intereses ante la Contraloría General de la República (CGR) unos días luego de asumir el cargo. “El problema no son solo los bienes y las rentas que puedas tener sino los intereses que tenés con parientes, con amigos con relaciones económicas financieras, y que de esa manera se puedan contratar con el Estado, Estado del que sos parte. Entonces, ahí se produce el conflicto de intereses, que es la tensión de un interés que tiene el funcionario público con intereses privados que podrían colisionar contra el interés público”, refirió.

Enfatizó que el documento abarca a todo el sector público sean estos funcionarios de las municipalidades, gobernaciones, asesores ad honorem, entre otros. “Este proyecto le da un tackle, en términos de rugby, a la corrupción. Golpea a los dos que bailan el tango”, señaló.

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También es un proyecto que amplía la ley de incompatibilidades de los legisladores para que estos no sean parte de empresas proveedoras del Estado o que proveen servicios públicos, que es una causal de pérdida de investidura.

Dicha legislación contempla además medidas para que funcionarios con acceso a información privilegiada abandonen el sector público y vayan al sector privado con estos datos para utilizarlos de forma irregular.

El referido texto fue entregado al Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, encabezado por la diputada Kattya González, y fue socializado a través de varias audiencias telemáticas. Ahora deberá ser formalizado ante la Cámara Baja.