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A las 8:30 arrancará el juicio contra el exsenador González Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves, concejal municipal de Luque.
Ambos afrontan cargos por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
La acusación, presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción: Rodrigo Estigarribia, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, señala que existe una inconsistencia entre los depósitos de dinero, en efectivo y en cheques, en las cuentas bancarias de los procesados.
Al exsenador Óscar González Daher (cartista) lo acusan de un supuesto enriquecimiento ilícito por unos G. 6.000 millones, pero llamativamente a su hijo, el concejal de Luque González Chaves (cartista), lo acusan por un monto aproximado a G. 51.000 millones.
Según los fiscales, la mayoría de las cuentas bancarias de González Chaves no aparecen en su declaración jurada ante la Contraloría General de la República.
González Daher y su vástago estuvieron privados de su libertad durante seis meses en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por este caso, pero luego fueron logrando victorias en la Justicia. Obtuvieron prisión domiciliaria y permisos para trabajar por dos días semanales.
Prueba para la justicia
El tribunal encargado de juzgar al exsenador y al concejal luqueño está conformado por Yolanda Portillo (presidenta), Yolanda Morel y Jesús Riera.
En el anterior caso, el de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, González Daher junto a Raúl Fernández Lippmann y el abogado Carmelo Caballero obtuvieron penas mínimas, pese a que el Tribunal en mayoría, integrado por Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, confirmó que hubo tráfico de influencias. En el caso del exsenador Jorge Oviedo Matto (Unace), el tribunal le absolvió.
El tribunal en este juicio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa deberá revertir la pobre imagen que dejó el anterior ante la ciudadanía, la cual esperaba condenas más duras contra ese grupo encabezado por González Daher, quien utilizó sus influencias para someter a algunos jueces y fiscales.
En cuanto al lavado de dinero, la pericia contable determina que la empresa Príncipe Di Savoia SA no posee cualidades financieras para operar por sí misma, y que fue utilizada como fachada por ambos acusados para adquisición y administración de cuantiosos inmuebles.
La investigación se inició en los primeros días de setiembre de 2018, cuando la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) informó al Ministerio Público que detectó movimientos de G. 8 billones (unos US$ 1.500 millones) de una empresa inmobiliaria identificada como Príncipe Di Savoia, firma de maletín que era utilizada entonces para mover multimillonarios fondos. Varias familias perdieron sus inmuebles con el apriete y la usura.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) también detectó incongruencias en el pago de impuestos y en las declaraciones juradas impositivas presentadas por los González Daher en varios años.