Hacienda canceló tarjeta a septuagenaria

ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa). El Ministerio de Hacienda le canceló la tarjeta de cobro de ayuda a personas de la tercera edad a la septuagenaria Damiana Romero, con incapacidades mentales de nacimiento, por supuestamente “vivir muy bien”.

Damiana Romero, afectada por la decisión de Hacienda.
Damiana Romero, afectada por la decisión de Hacienda.Archivo, ABC Color

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Hace dos años estamos buscando que la reintegren sin que nadie nos dé una respuesta, ni en la Junta Municipal ni en la Gobernación, reclamó Angelina Espinoza, cuñada de la anciana.

Según refirió la mujer, Damiana recibió la ayuda de la tercera edad por alrededor de nueve meses, pero hace dos años se presentó un censista de Hacienda a realizar una evaluación de la situación en que vive la beneficiaria del servicio, y luego de esa visita la excluyeron del programa, sin explicación alguna, simplemente le cancelaron la tarjeta del BNF.

La anciana tiene problemas mentales de nacimiento, y vivía con sus padres en el barrio Pacucuá, a metros de donde actualmente está la costanera “República del Paraguay”. Cuando los afectados fueron reubicados Damiana no recibió ninguna casa, porque vivía con sus padres.

Damiana y sus padres fueron reubicados en el barrio Buena Vista, pero cuando estos murieron quedó sola. “Como es una persona que no se puede valer por sí misma, y como tenía más afinidad conmigo, porque el resto de sus hermanos son varones, con mi esposo, Santiago Romero (hermano de Damiana), decidimos traerla a vivir aquí y cuidarla”, indicó.

Relató que le acomodaron en una piecita independiente en el patio de la vivienda, y ella está ahí, con sus necesidades de alimentación, de medicina, y ese cobro de la pensión por la tercera edad significaba una ayuda para ella.

“No entendemos el criterio con que este censista evaluó la situación de mi cuñada, tal vez porque vieron que la piecita que ocupa es de ladrillos pensaron que vivía demasiado bien”, señaló la dueña de casa, quien también cuestionó la insensibilidad y falta de criterio de equidad de quienes dispusieron la cancelación de una ayuda de

G. 500.000 mensuales a una persona que literalmente no tiene para comer, cuando en los organismos del Estado se gastan ese dinero en bocadillos, en un solo día.

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