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La tendencia, según consultas en las bancadas, es que el proyecto de ley que apunta a agilizar la compra de vacunas contra el covid-19 será sancionado y se remitirá inmediatamente al Ejecutivo para que lo promulgue y se convierta en ley.
El Senado aprobó el proyecto con varias modificaciones el pasado lunes. Los cambios apuntan a establecer algunos controles, dado que la ley habilitará al Ejecutivo a aceptar condiciones de los laboratorios que fabrican la vacuna, como la de dejar de lado indemnizaciones, aceptar la jurisdicción de tribunales internacionales y admitir cláusulas de confidencialidad en los contratos.
Durante el debate en la Cámara de Senadores, algunos legisladores, como Desirée Masi (PDP) y Antonio Barrios (ANR-HC), entre otros, admitieron que en otro contexto no serían aceptables estas exigencias y que inclusive eran inconstitucionales. Sin embargo, la necesidad de contar con las vacunas en la mayor brevedad posible hacía que se acepten las condiciones.
Una de las modificaciones fue establecer que la vacuna anticovid-19 es un bien público (y no “de interés público” como decía el proyecto original), dándole así un estatus de derecho humano y obligar al Ejecutivo a hacerla accesible a todos los ciudadanos. La norma también menciona que la vacuna será distribuida gratuitamente por el Gobierno
Respecto a la jurisdicción de tribunales extranjeros, se aclara que quienes tengan efectos adversos tras aplicarse la vacuna podrán recurrir a los tribunales de nuestro país y que no habrá indemnidad para las farmacéuticas en caso de comprobarse que los ciudadanos o el Estado fueron objeto de maniobras fraudulentas o conductas maliciosas o negligentes.
Traspaso
La Cámara de Diputados también tiene previsto continuar hoy con el tratamiento del proyecto de ley que establece el traslado definitivo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de todo el personal vinculado bajo régimen de contratos vencidos en los gobiernos departamentales y municipales y que presta servicios en establecimientos del mismo ministerio y en los concejos regionales y locales.
El objetivo es que pasen a depender del MSPBS y que esta institución sea la que pague sus salarios.