Presidente promulga ley para agilizar compra de vacunas anticovid

El Poder Ejecutivo promulgó este jueves el proyecto de ley que permite al Gobierno agilizar la adquisición de vacunas contra el covid-19 vía compras directas a las empresas farmacéuticas fabricantes, evitando la necesidad de depender exclusivamente del sistema Covax.

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MARIO TAMA

Este jueves, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la ley “que declara bien público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición para la distribución gratuita a la población de las vacunas contra el coronavirus”.

Esa pieza de legislación, sancionada el miércoles pasado por la Cámara de Diputados, permite que el Gobierno acelere los procesos para la adquisición de vacunas contra el covid-19 por medio de negociaciones directas con las empresas fabricantes, en vez de depender exclusivamente del mecanismo Covax, una iniciativa de la ONU para proveer a todos los países con vacunas.

Las vacunas del sistema Covax recién llegarían a Paraguay alrededor del tercer trimestre del año, por lo que el Gobierno busca comprar un número no especificado de vacunas directamente a las empresas farmacéuticas para comenzar a vacunar a las personas en mayor riesgo de contagio lo antes posible.

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La ley habilitará al Estado paraguayo a aceptar condiciones de los laboratorios que fabrican la vacuna, como la de dejar de lado indemnizaciones, aceptar la jurisdicción de tribunales internacionales y admitir cláusulas de confidencialidad en los contratos.

Si bien muchos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso criticaron esas condiciones, calificándolas de “leoninas”, finalmente dieron su apoyo al proyecto de ley argumentando la urgencia de contar con vacunas para hacer frente a la enfermedad.

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La ley otorga a las vacunas contra el covid-19 el estatus de derecho humano, por lo que obliga al Ejecutivo a que las haga disponibles a todos los ciudadanos paraguayos de forma gratuita.

También establece que las personas que sufran efectos adversos tras aplicarse la vacuna podrán recurrir a los tribunales nacionales.

Los parlamentarios también agregaron al proyecto original del Ejecutivo un mayor nivel de control al proceso de adquisición de las vacunas, con participación de la Procuraduría General de la República, las comisiones de Salud del Congreso y la Contraloría General.

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