El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, anunció ayer en Palacio de Gobierno que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto que reglamenta la Ley N° 6672, de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2021.

Adelantó que en la normativa se prevén restricciones en la ejecución de gastos superfluos, aumentos salariales, nombramiento y contrataciones. “Todo esto está restringido y permitido para casos excepcionales, como salud pública. Entonces, en general es muy similar a la del año pasado, que ya se dio dentro de una coyuntura de racionalización de gastos”, aseguró el ministro.

A Llamosas se le preguntó sobre los aumentos salariales que fueron incluidos en el PGN 2021 durante el estudio del proyecto en el Congreso, sobre lo que insistió que el Ejecutivo tiene una postura definida y es que todos aquellos que se dieron sin concursos no se van a reconocer, porque existe una ley que establece esta condición y esto se refleja en el referido decreto reglamentario.

El aumento al cual se refiere el ministro es aquel que se conoce como “aumentos mau”, porque fueron otorgados directamente por los legisladores a operadores políticos o sindicalistas sin previo concurso, como lo establece la Ley N° 1.626 de la Función Pública, ni consultas al Ejecutivo.

Los favorecidos son unos 1.500 funcionarios de nueve instituciones públicas dependientes del Ejecutivo, con un costo de más de G. 6.497 millones (US$ 916.243).

“Solamente se van a autorizar esos casos una vez comprobados los concursos públicos”, insistió el titular de la cartera fiscal. Sin embargo, los incrementos salariales previstos para funcionarios de la Cámara de Senadores y del Congreso “se van a tener que aceptar porque ellos expresamente se exceptuaron de la ley”, indicó.

El Poder Legislativo está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, más un programa que se denomina congreso, que es administrado por el presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR).

A pedido de Salomón, precisamente, el año pasado se decidió otorgar un incremento salarial para los funcionarios del Senado y del Congreso (no a Diputados), así como gastos de representación, entre otros beneficios, que representarán más de G. 13.000 millones (US$ 1,8 millones).

Los parlamentarios para abonar estos beneficios, en pleno año electoral, decidieron excluirse de lo que dispone la ley de la función pública.