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El titular del PLRA Efraín Alegre está procesado por supuesta falsificación de facturas en la administración contable del partido que dirige, específicamente en lo que refiere a gastos para la campaña del Partido Liberal en Ciudad del Este.
El 1 de junio del 2020 el fiscal Édgar Sánchez había imputado a Efraín Alegre. El 4 de julio del mismo año la jueza penal de Garantías aceptó la imputación y procesó a Alegre.
Sin embargo, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos en representación de Alegre, apeló la decisión de la magistrada y pidió la nulidad de la imputación.
El 4 de agosto del año pasado, el Tribunal de Apelaciones, cuarta sala, confirmó la resolución de la jueza Cynthia Lovera y admitió la imputación y el proceso en contra del señor Efraín Alegre, imputado por producción mediata de documentos falsos, así como producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
El fiscal Édgar Sánchez había solicitado a la Cámara de Apelaciones confirmar la imputación y había solicitado la imposición de medidas.
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El representante del Ministerio Público había contestado el incidente y señaló que la intención de la defensa era dilatar el proceso investigativo. Antes el fiscal fue recusado por la defensa, pero dicha recusación fue rechazada.
Siguiendo con el proceso, la jueza Cynthia Lovera dictó el 25 de agosto pasado, como medidas alternativas a la prisión para Efraín Alegre, la prohibición de salir del país, prohibición de cambiar de domicilio, comparecencia mensual ante el Juzgado y una fianza de G. 150 millones. Esta decisión fue apelada por la defensa de Alegre.
El 10 de setiembre de 2020, un Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido de Efraín Alegre contra las medidas alternativas que le impuso la jueza penal de garantías Cynthia Lovera.
Con esto, la magistrada impuso el 25 de setiembre de ese año al titular del PLRA una fianza real y cumplir las medidas impuestas, de lo contrario deberá ir a prisión de manera preventiva.
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Pero Efraín ya había adelantado que no existía posibilidad alguna de que él pague una fianza, pues además de que no dispone de G. 150 millones, él considera ilegal su imputación.
Incluso se cree que la materialización de la prisión preventiva podría convenirle políticamente a Efraín, para mostrarse como “perseguido político”, y usar este factor a su favor en las próximas elecciones.