En la combi que sirvió de improvisado hogar para Jonathan ahora vive su hermano B., quien presenta severos daños mentales (tiene esquizofrenia). En el tiempo en que estuvo institucionalizado, una voluntaria del hogar se encariñó con él y tras ocuparse de los gastos de estudios y demás por unos años, lo llevó a vivir con ella, como guardadora.

Luego llevó también a una de sus hermanas, pero el daño psicológico causado por la prolongada institucionalización y los traumas propios del abandono por su padres dificultaron la adaptación de los chicos a la vida familiar, con reglas y obligaciones propias del hogar.

La falta de acompañamiento de profesionales en esta etapa, habría ser determinante para el fracaso de esta iniciativa.

Tres años después, la guardadora declinó seguir el compromiso y se revocó la medida sobre ella. Sola en el mundo, la joven fue víctima de explotación sexual, de la que pudo salir con ayuda de terceros. El hermano, también dejó la casa y fue a la calle con Jonathan.

El caso de los hermanos Ruiz Díaz estuvo a cargo de la jueza de la Niñez María Rosa González. La fiscala interviniente fue Stella Orrego y la defensora de la Niñez, Bettina Ovando. Actualmente, el caso –con relación a las dos menores que siguen institucionalizadas– está a cargo de la jueza María Graciela Fernández.