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Para hoy está previsto que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, JEM, estudien y aprueben o no el proyecto que reglamenta las investigaciones de oficio. La propuesta es impulsada por el titular del órgano juzgador, el senador liberal Fernando Silva Facetti, quien encargó el borrador del proyecto al ministro de la Corte Suprema Manuel Ramírez Candia.
El reglamento establece que la denuncia que se presenta ante el JEM será analizada por el miembro que esté de turno. El mismo, luego de análisis, elevará su “dictamen” al pleno, que finalmente decidirá el enjuiciamiento o no del juez o del fiscal denunciado.
Este punto atenta contra la propia ley del Jurado que otorga esta facultad al presidente del órgano, quien es el que debe dar trámite a la denuncia. Es decir, la deriva a la Dirección Jurídica, que es la que tiene que elaborar el dictamen a ser puesto a conocimiento de los miembros.
“El proyecto les otorga a los miembros facultades que la ley no les concede”, afirman los que están en contra de la polémica propuesta.
Agrega que el Jurado no puede renunciar a su facultad de enjuiciar de oficio, que está en la propia ley. “En todo caso, lo que tiene que garantizar el JEM es el derecho a la defensa a los jueces y fiscales”, enfatizan.
Sin embargo, para justificar su proyecto, Silva Facetti afirma que hay más de 870 causas en el Jurado, pendientes de resolución. Añadió que no se puede seguir abriendo investigaciones sin finiquitar los casos pendiente, algunos incluso corresponden al año 2013.
Es evidente que la pretensión del órgano juzgador es trabar las investigaciones de oficio y sobre todo las que se inician a raíz de las publicaciones periodísticas. Esto se corrobora con lo expresado por la ministra Gladys Bareiro en una de las sesiones, al señalar que no se guía por lo que se publica en los periódicos.
El diputado colorado Hernán David Rivas apoyó lo manifestado por Bareiro y resaltó que a él la prensa no le marcará la “hoja de ruta”.
El abogado Jorge Bogarín Alfonso, quien está por el Consejo de la Magistratura y donde llegó por el gremio de abogados, apuntó que si se aprueba el proyecto se van a tener “reglas claras”.
La abogada Mónica Seifart, quien representa al Ejecutiva, también estaría de acuerdo con la aprobación; al igual que el diputado liberal Eusebio Alvarenga.
El único disidente es el senador colorado Enrique Bacchetta, por cuyo pedido se aplazó para hoy la aprobación de la propuesta.
Bacchetta había alegado que se necesita interiorizarse mejor sobre el proyecto, pero ya adelantó que no está de acuerdo en limitar los enjuiciamientos de oficio.
El presidente del Asociaciones de Magistrados Judiciales, el camarista Enrique Mongelós, y el titular del gremio de fiscales, Eugenio Ocampos, se habían reunido con Silva Facetti, Seifart y Bogarín para tratar el tema.
En declaraciones a la prensa, ambos gremios manifestaron total respaldo al proyecto, que exige que cinco de los ocho miembros, estén de acuerdo para solicitar la carpeta judicial o fiscal, para indagar el caso.
Los gremios de jueces y fiscales hace rato vienen buscando anular la facultad del JEM de actuar de oficio.
Ambos gremios abogan ante el Poder Legislativo para modificar incluso la ley actual y eliminar los enjuiciamientos oficiosos.
¿Que pasará con las denuncias periodísticas sobre el mal desempeño de algunos jueces y fiscales? Según el proyecto, tiene que haber una denuncia ante el Jurado, con lo cual se puede decir que los miembros “no se guiarán por los que dicen los periódicos”, como afirmó la ministra Gladys Bareiro.
Hay que ver qué es lo que ocurre en la sesión de hoy del Jurado, para ver quiénes votan por la impunidad de los jueces y fiscales, que siempre dejan impunes a los políticos acusados de hechos de corrupción o los procesados con poder económico. Esto último se evidencia especialmente en la zona de Alto Paraná, en donde los magistrados y agentes del Ministerio Público habrían utilizado el cargo para enriquecerse.
Muchos jueces y fiscales del este contarían con el padrinazgo de algunos miembros del JEM.
La ministra de la Corte Gladys Bareiro es la superintendenta de la circunscripción de Alto Paraná, pero jamás pidió ni siquiera una auditoría para los jueces.
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